FER pide a los entes locales que se fomenten criterios técnicos, ambientales y sociales, además de los económicos, en las licitaciones públicas para la recogida de este flujo de residuos.
La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), conocedora de las dificultades que presenta el sector de la recuperación de residuos textiles, más si cabe con el golpe sufrido por la pandemia de la COVID-19, ha reclamado a las administraciones públicas locales que den un trato adecuado a este flujo, en tanto que se trata de un servicio a la ciudadanía y aspecto esencial en la consecución de los objetivos de economía circular de la Unión Europea en relación con las obligaciones de reducción de los residuos urbanos que acaban en vertedero.
La legislación marca unos plazos muy claros, y en 2025 deberá realizarse la recogida separada de residuos textiles en los distintos Estados miembros. Además, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Agencia de Residuos de Cataluña y la Comunidad de Madrid, cada año se desperdician en España en torno a 900.000 toneladas de residuo textil, que no se recogen selectivamente por gestores autorizados y que, por tanto, son vertidas de modo indebido.
Esto es fruto de multitud de factores que el sector entiende que deben ser paliados. En la actualidad, existen entes locales que no están realizando sus obligaciones de una manera adecuada, según denuncia FER.
Los entes locales deben garantizar la prestación de este servicio público de recogida y gestión del residuos textiles de origen doméstico. No obstante, una buena parte de ayuntamientos españoles aplican en las licitaciones públicas para el residuo textil criterios puramente económicos, o los ponderan excesivamente por delante de los criterios técnicos, ambientales o sociales, según indican los asociados de la Federación. Esto, unido a la aplicación de tasas de ocupación de la vía pública por realizar este servicio, supone para los gestores de residuos textiles un enorme esfuerzo económico.
Por todo ello, desde FER han hecho un llamamiento a los entes locales para que se fomenten estos criterios técnicos, ambientales y sociales, además de los económicos, así como que se tengan en cuenta los hurtos y la gestión irregular, lo que permitirá a los operadores afrontar los retos de enorme calado que tienen por delante, entre ellos:
- El mantenimiento y la mejora continua del servicio. Un servicio considerado esencial durante la crisis sanitaria y el estado de alarma, dada su importancia para el buen funcionamiento de las ciudades.
- El cumplimento de los ambiciosos objetivos de la UE en materia de reciclaje, manteniendo la jerarquía de residuos y el European Green Deal como hojas de ruta.
- El impulso de la economía circular, teniendo en cuenta que la fracción textil es una de las que mayor potencial de mejora tiene en estos momentos con la agenda marcada.
- La inversión en innovación y en nuevas soluciones tecnológicas, que permitan además la creación de alianzas con otros actores de la cadena de valor con el fin de fomentar la circularidad a nivel local y con ello, fortalecer la fabricación de materias primas secundarias y productos de valor añadido.
- El fomento de empleo verde y de calidad, puesto que se trata de un sector de enorme proyección en este sentido.