El Parlamento Europeo respalda simplificar las obligaciones sobre residuos para las pequeñas empresas

La Eurocámara propone eximir a las microempresas y pequeñas empresas de nombrar representantes autorizados en cada Estado miembro donde comercialicen sus productos. La medida afectaría a sectores como los envases, las baterías, los textiles, el calzado y los aparatos electrónicos, sin modificar el resto de las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor.

El Parlamento Europeo ha aprobado su posición para simplificar determinadas obligaciones administrativas vinculadas a la legislación europea sobre residuos. La propuesta plantea suspender la obligación de designar un representante autorizado para cumplir con las normas de responsabilidad ampliada del productor (RAP) en el caso de las microempresas y pequeñas empresas establecidas en la Unión Europea.

La iniciativa afecta a la normativa sobre residuos de envases, baterías, textiles, calzado, aparatos eléctricos y electrónicos y plásticos de un solo uso. El objetivo es reducir las barreras administrativas que encuentran las empresas cuando comercializan sus productos en distintos países de la UE.

Actualmente, las empresas que introducen productos en el mercado europeo deben contribuir a financiar la recogida, clasificación y reciclaje de esos productos cuando se convierten en residuos. Este sistema, conocido como responsabilidad ampliada del productor, también exige designar un representante autorizado en cada Estado miembro en el que se comercialicen los productos.

La Comisión Europea propuso suspender esta última obligación en determinados sectores. Los eurodiputados respaldan la medida, pero plantean limitarla a las empresas establecidas en la UE que tengan menos de 50 empleados y una facturación anual o un balance inferior a 10 millones de euros.

La suspensión se mantendría hasta 2035 o hasta que se adopte una legislación más amplia sobre economía circular, según la posición aprobada por la Eurocámara.

Se mantienen las obligaciones ambientales

La exención propuesta no supondría eliminar las demás responsabilidades de las empresas dentro de los sistemas de RAP. En particular, seguirían vigentes las obligaciones relacionadas con la prevención de residuos y el pago de las contribuciones correspondientes.

Además de la suspensión de la obligación de nombrar representantes, los eurodiputados reclaman mejorar el intercambio de información entre los Estados miembros, avanzar hacia sistemas digitales interoperables y establecer requisitos comunes de información para las empresas. Estas medidas buscan reducir las cargas administrativas en el mercado único europeo.

La ponente del expediente, Ingeborg ter Laak, del Partido Popular Europeo (PPE), defendió la necesidad de compatibilizar las responsabilidades ambientales con la actividad empresarial. «Para que las empresas europeas puedan crecer y vender sus productos, es necesario reducir las cargas administrativas innecesarias sin comprometer nuestras ambiciones medioambientales», señaló.

Ter Laak añadió que las empresas deben responsabilizarse de los residuos que generan y garantizar que los productos se recojan y reciclen adecuadamente, pero consideró que estos objetivos pueden alcanzarse sin crear obstáculos innecesarios para los negocios.

Próximos pasos legislativos

El proceso legislativo continuará cuando el Consejo de la Unión Europea haya adoptado también su posición. A partir de ese momento podrán comenzar las negociaciones entre ambas instituciones para acordar el texto definitivo.

Las dos iniciativas legislativas forman parte del paquete Environmental Omnibus, presentado para revisar y simplificar determinadas disposiciones ambientales de la UE. La Comisión Europea prevé presentar próximamente una ley integral de economía circular, que podría establecer un marco más amplio para estas cuestiones.