Acuerdo del Consejo de la UE y el Parlamento Europeo sobre la gestión de residuos electrónicos

Los colegisladores se alinean con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declaró parcialmente nulas algunas partes de la directiva RAEE debido a efectos retroactivos no justificados.

Los negociadores del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo alcanzaron ayer un acuerdo político provisional sobre las modificaciones propuestas de la legislación de la UE en materia de recogida y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que incluye una serie de productos como ordenadores, frigoríficos y paneles fotovoltaicos.

Las modificaciones pretenden adaptar la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la aplicación retroactiva injustificada de la responsabilidad ampliada del productor a los residuos de paneles fotovoltaicos comercializados entre el 13 de agosto de 2005 y el 13 de agosto de 2012.

Sentencia judicial sobre la directiva RAEE

El asunto se remonta a 2012, cuando entró en vigor la entonces nueva directiva RAEE, que incluyó los paneles fotovoltaicos en el ámbito de aplicación de la directiva anterior. También implantó un «ámbito de aplicación abierto» a partir del 15 de agosto de 2018, lo que significa que todos los productos de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) se consideraron incluidos en el ámbito de aplicación de la directiva a menos que se excluyeran específicamente.

En su sentencia en el asunto C-181/20, de 25 de enero de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró parcialmente nulas algunas partes de la directiva RAEE debido a efectos retroactivos no justificados. El Tribunal sostuvo que, según la nueva directiva, la financiación de los costes de recogida, tratamiento, valorización y eliminación de residuos (responsabilidad ampliada del productor) se aplicaba retroactivamente a los paneles fotovoltaicos comercializados desde el 13 de agosto de 2005. La conclusión que cabe extraer de la sentencia es que la responsabilidad ampliada del productor también se aplica con carácter retroactivo a los productos que se añadieron al ámbito de aplicación en 2018. Por tanto, el Tribunal consideró que la nueva directiva podía vulnerar el principio de seguridad jurídica.

Enmiendas a la directiva acordadas por el Consejo y el Parlamento

El acuerdo provisional alcanzado por los colegisladores respalda el contenido de la propuesta inicial de la Comisión y aclara aún más los vínculos con las disposiciones pertinentes de la Directiva marco sobre residuos. Las modificaciones propuestas aclaran que:

• Los costes de la gestión y eliminación de los residuos de paneles fotovoltaicos comercializados después del 13 de agosto de 2012 recaen en el productor del AEE.
• La responsabilidad ampliada del productor de los AEE que se añadieron al ámbito de aplicación de la directiva en 2018 debe aplicarse a aquellos productos electrónicos que se comercializaron después de esa fecha.

«Los residuos generados por los aparatos que utilizamos a diario aumentan a un ritmo preocupantemente rápido. El acuerdo que hemos alcanzado hoy aportará la seguridad jurídica necesaria en cuanto a quién debe sufragar los costes de gestión de estos residuos de alto riesgo y garantizará un tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos respetuoso con el medio ambiente, sin sobrecargar a los consumidores de la UE», afirmó Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El acuerdo introduce una cláusula de revisión por la que la Comisión deberá evaluar, a más tardar en 2026, la necesidad de revisar la directiva. En su caso, la Comisión deberá presentar una propuesta legislativa, acompañada de una evaluación de impacto socioeconómico y medioambiental. El texto del acuerdo especifica que la Comisión también deberá velar por que los costes de gestión de los RAEE no se transfieran de forma desproporcionada a los consumidores o los ciudadanos.

Los colegisladores también acordaron ampliar el periodo de transposición de la nueva directiva de 12 a 18 meses. Es el mismo periodo de transposición que se aplicó cuando la directiva entró en vigor en 2012.

El acuerdo provisional se presentará ahora a los representantes de los Estados miembros en el Consejo (Coreper) y a la comisión de medio ambiente del Parlamento para su aprobación.