Economía Circular, Tecnología y Trabajo: ¿Están Preparadas Nuestras Políticas de Seguridad y Salud para el Cambio Sistémico que se Acerca?

Luis Medina-Montoya Hellgren.

Director de Proyectos. 
Fundación para la Economía Circular.

La transición hacia una economía circular no solo redefine los modelos productivos, también está reconfigurando las relaciones laborales y los entornos de trabajo. Este artículo explora los retos emergentes y las oportunidades que plantea este nuevo paradigma en el ámbito de la seguridad y la salud laboral.

La semana pasada tuve el privilegio de participar como ponente en la asamblea anual de la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (REESST), organizada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), en Madrid. Bajo el título “Economía Circular y Trabajo: Retos y Oportunidades para la Seguridad y la Salud en el Siglo XXI”, mi intervención quiso contribuir a generar un mejor conocimiento sobre el nuevo paradigma de la economía circular, los motivos que hacen imperiosa su implantación, su desarrollo legislativo de base tanto a nivel europeo como nacional, y propiciar una reflexión compartida sobre los profundos cambios que se avecinan en nuestros sistemas productivos, y cómo estos exigen repensar nuestras políticas preventivas laborales desde la raíz.

Una de las actividades más estimulantes de la jornada fue, sin duda, la dinámica de «role play» diseñada por el INSST. En ella, los participantes —representantes de organizaciones sindicales, empresariales, administraciones públicas, universidades y entidades sociales— intercambiaron sus papeles habituales para explorar escenarios futuros: sindicalistas en el rol de empresarios, técnicos públicos encarnando a activistas medioambientales, y representantes de empresas dando voz a ONG. El ejercicio no solo sirvió para romper inercias discursivas, sino también para visualizar los dilemas reales que plantea a futuro la Agenda 2030 y los procesos de descarbonización, digitalización y circularidad en los entornos de trabajo.

Mucho más que reciclaje: una transformación estructural

Como señalé durante mi intervención, la economía circular no es solo un modelo de gestión de residuos más eficaz. Es, ante todo, un paradigma económico alternativo que implica rediseñar productos, procesos y modelos de negocio para reducir el uso de materias primas vírgenes, prolongar el ciclo de vida de los materiales y maximizar su reutilización. Este nuevo marco afecta directamente a cómo se produce, se consume… y se trabaja.

Tal y como desarrollé en mi artículo en este mismo medio el pasado mes de octubre, “La economía circular y el empleo en la cuarta revolución industrial: un modelo de sostenibilidad y progreso”, las tecnologías disruptivas —robotización, inteligencia artificial, internet de las cosas, blockchain— están configurando entornos laborales radicalmente distintos a los actuales. Y aunque se tiende a poner el foco en la pérdida de puestos de trabajo derivados de la automatización, el verdadero reto está en cómo reorganizamos el trabajo para adaptarnos a nuevos modelos circulares, sostenibles y más eficientes.

¿Estamos preparados para los nuevos entornos de trabajo?

Los procesos de digitalización y automatización asociados a la Industria 4.0 van a generar nuevas tareas, roles y competencias. Pero también nuevos riesgos. Riesgos físicos, como la interacción con robots colaborativos, “cobots”, o la exposición a nuevos materiales reciclados; riesgos ergonómicos y organizativos derivados de instalaciones más complejas; y, sobre todo, riesgos psicosociales relacionados con la incertidumbre laboral, la necesidad constante de actualización de competencias, y el desfase entre la oferta formativa y las habilidades requeridas en el mercado.

En este sentido, cabe preguntarse: ¿están nuestras normativas de prevención y nuestros sistemas de vigilancia adaptados para anticipar estos escenarios? ¿Está preparada nuestra red de mutuas, técnicos en prevención y delegados sindicales para interpretar y actuar ante las nuevas realidades productivas?

El caso del reciclaje: de la informalidad a la profesionalización

Un sector donde estos dilemas son especialmente visibles es el de la gestión de residuos y el reciclaje. Tradicionalmente, esta actividad se ha apoyado en una estructura laboral fragmentada, con escasos niveles de cualificación y, en muchos casos, condiciones laborales poco reguladas o informales.

La economía circular exige transformar profundamente este modelo. Los nuevos requerimientos legales europeos, como el Reglamento de Ecodiseño, la trazabilidad digital de productos, o los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor, van a obligar a crear cadenas de valor mucho más complejas, transparentes y tecnificadas. Esto implica, entre otras cosas, que el personal que trabaja en plantas de tratamiento, centros logísticos de clasificación o hubs urbanos de reparación, deberá contar con una formación mucho más sólida tanto en competencias técnicas como en seguridad y salud laboral.

Este salto cualitativo no es opcional. Es necesario garantizar entornos seguros, adaptados a materiales emergentes, procesos automatizados y flujos de información digital que, si no se gestionan adecuadamente, pueden acarrear consecuencias graves.

Como señaló Esther Lynch, Secretaria General de la Confederación Europea de Sindicatos, con ocasión de la Cumbre Social Tripartita celebrada en Bruselas el 25 de octubre de 2023, “la transición ecológica no puede hacerse a costa de los trabajadores, ni sin los trabajadores. Se trata de una transición justa, donde cada empleo destruido sea reemplazado por otro de calidad, seguro y con derechos”. Esta frase, tan simple como poderosa, debería estar en el frontispicio de todas nuestras políticas públicas.

Formación y anticipación: claves para una prevención eficaz

Uno de los mensajes centrales que trasladamos desde la Fundación para la Economía Circular es que la prevención en el contexto de la economía circular no puede ser reactiva. Debe ser anticipatoria. Los riesgos no deben ser detectados cuando ya se han materializado, sino previstos en el diseño mismo de los nuevos procesos y tecnologías.

Esto implica, entre otras cosas, incluir módulos formativos sobre prevención y salud en los programas de recualificación profesional ligados a la transición ecológica. Implica que los técnicos de prevención se formen en los principios de la economía circular, la trazabilidad de materiales o los procesos de servitización y logística inversa. Implica también que los delegados de personal y los representantes sindicales participen activamente en los comités de innovación de las empresas, para garantizar que el bienestar de las personas trabajadoras no se sacrifica en nombre de la eficiencia.

En definitiva, implica que dejemos de ver la seguridad y salud como un «extra» y empecemos a considerarla como una parte esencial del diseño de los nuevos sistemas circulares.

Políticas públicas como palanca de cambio

Las administraciones tienen un papel insustituible en este proceso. Primero, como reguladoras. Las administraciones tienen la responsabilidad de adaptar el marco normativo a los nuevos desafíos que plantea la economía circular. La legislación no puede limitarse a regular flujos materiales o metas ambientales, sino que debe incorporar de forma explícita exigencias en materia de seguridad y salud laboral adaptadas a los nuevos modelos productivos, más dinámicos, digitalizados y complejos. Esto incluye, por ejemplo, la evaluación de riesgos en entornos automatizados, el control de exposición a nuevos materiales reciclados o la regulación del teletrabajo en el marco de servicios circulares basados en plataformas digitales. La futura Ley Europea de Economía Circular, actualmente en fase de tramitación, debería incorporar un enfoque laboral claro y transversal, que complemente la dimensión ambiental con medidas concretas para proteger a los trabajadores, impulsar la formación en competencias verdes y garantizar condiciones laborales dignas en toda la cadena de valor circular.

Segundo, como dinamizadoras. Las administraciones públicas tienen en sus manos herramientas poderosas para acelerar la transición hacia un modelo laboral circular y seguro. A través de políticas activas como la compra pública verde, pueden ejercer un efecto tractor sobre el mercado, priorizando en sus licitaciones productos y servicios que incorporen criterios de sostenibilidad, circularidad y garantías laborales. Este enfoque no solo estimula la demanda de soluciones más responsables, sino que también crea un entorno propicio para que empresas emergentes y pymes innovadoras puedan competir en igualdad de condiciones. Asimismo, los incentivos fiscales, como deducciones por inversión en tecnologías limpias o en formación en prevención de riesgos, pueden facilitar la modernización de sectores intensivos en recursos y con mayor vulnerabilidad frente al cambio estructural. Por último, los fondos de recuperación y transición ecológica, como los del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE o el PERTE de Economía Circular en España, deben vincularse de forma explícita a objetivos de creación de empleo de calidad, garantizando que cada euro invertido contribuya no solo a reducir el impacto ambiental, sino también a construir entornos laborales más seguros, inclusivos y resilientes.

Y tercero, como ejemplo. Más allá de legislar y financiar, las administraciones tienen el deber de liderar con el ejemplo. Los entornos laborales de la propia administración, desde ayuntamientos y consejerías hasta empresas públicas y entes instrumentales, deben ser vitrinas de buenas prácticas en sostenibilidad, innovación y salud laboral. Esto implica integrar criterios de economía circular en la gestión interna, adoptar sistemas de prevención basados en la anticipación y la mejora continua, y promover una cultura organizacional que valore el bienestar de sus trabajadores como un activo estratégico. El rediseño de oficinas, la movilidad sostenible, la eficiencia energética o la digitalización de trámites son aspectos clave, pero también lo es la formación continua del personal en competencias verdes y digitales, así como la implementación de planes específicos para prevenir riesgos psicosociales en contextos de transformación acelerada. Al actuar con coherencia, las administraciones no solo refuerzan su credibilidad, sino que se convierten en agentes ejemplares de la transición justa que predican.

Cuidar a quienes hacen posible el cambio

La circularidad no trata solo de materiales, flujos de residuos o eficiencia energética. Trata también de cuidar a quienes hacen posible el cambio. Como subrayamos en la jornada del INSST, una economía circular real no puede construirse sobre estructuras laborales obsoletas o desprotegidas. Necesita trabajadores formados, seguros, reconocidos. Necesita diálogo social, negociación colectiva y políticas preventivas adaptadas.

Porque, en última instancia, el éxito o el fracaso de esta transición no dependerá solo de la tecnología ni de la legislación, sino del compromiso colectivo con un modelo que sitúe la sostenibilidad, en su dimensión ambiental, sí, pero también social y humana, en el centro de nuestras prioridades.

Si queremos que el futuro del empleo sea circular, el presente de la prevención debe empezar hoy.