Con una mayoría de 20 votos frente a 6 en contra y 11 abstenciones, los grupos parlamentarios dieron luz verde a una ley que, entre otras medidas, contempla gravar con 0,45 euros por cada kilo de plástico a los envases de este material no reutilizables.

La Comisión del Congreso aprueba la ley de residuos
Planta de tratamiento de residuos. Foto: RESIDUOS PROFESIONAL

La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobó ayer la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que traspone las directivas europeas y, entre otros cambios, supone implantar un sistema de devolución y retorno de envases en 2023, La nueva normativa se votará en el pleno del Congreso de los Diputados la próxima semana.

Con una mayoría de 20 votos frente a 6 en contra y 11 abstenciones, los grupos parlamentarios reunidos en la Comisión de Transición Ecológica dieron luz verde a una ley que, entre otras medidas, contempla gravar con 0,45 euros por cada kilo de plástico a los envases de este material no reutilizables y transitar hacia un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR)de estos residuos.

“Este proyecto de ley es trascendental porque debemos cumplir con las directivas europeas, tenemos que cumplir con los objetivos de reducción de residuos, para que sigan llegando fondos europeos”, recalcó la diputada socialista Esther Padilla, quien agregó que la ley, “sin ser de las que emocionan”, muestra “un compromiso firme de muchos actores”.

Uno de los puntos más controvertidos del debate ha sido la carga impositiva que plantea el texto, bajo la premisa de “quien contamina paga” y con un impuesto al plástico que, según defendió el diputado César Sánchez, del grupo parlamentario popular, “al final lo pagan los ciudadanos en el incremento del precio de la cesta de la compra”.

Este grupo parlamentario ha valorado la ley como “sustancialmente mejorable” y que además “podría haber llegado antes”, pues “estamos fuera de plazo desde el 3 de julio”, cuando España debería haber adaptado a su marco normativo la directiva europea 2019/904 sobre los plásticos de un solo uso, que prohíbe la comercialización de artículos como las pajitas, los bastoncillos o los cubiertos, vasos y platos de plástico.

Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos propusieron que entre los tipos de residuos incluidos en las exenciones de este gravamen se encuentren también los residuos peligrosos de origen sanitario, pues alegan que el impuesto “recaería sobre los hospitales y centros de salud del país”.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde, que además preside la Comisión de Transición Ecológica, aseveró que la ley “no es perfecta, pero es necesaria”, e instó al resto de grupos parlamentarios a reflexionar sobre la necesidad de “poner solución a un problema que es la punta del iceberg de los impactos de esta sociedad de consumo de usar y tirar en la que estamos inmersos”.

Implantación del SDDR

Inés Sabanés, diputada de Más País-Equo en el Grupo Plural, subrayó la necesidad de “superar el concepto único del reciclaje para ir hacia la reutilización y la reducción”, algo que esta ley “necesaria” y “positiva” refleja, al introducir elementos como la implantación antes de 2023 del controvertido sistema de depósito, devolución y retorno de envases.

Mediante este sistema, que supone una alternativa a la recogida selectiva a través del contenedor amarillo, el consumidor deja un depósito de céntimos cada vez que compra una bebida y, al entregar el envase vacío al comercio tras haber acabado el producto, se le devuelve esa misma cantidad.

El modelo funciona en algunos países europeos, como Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Holanda, Croacia, Estonia o Lituania y, fuera de Europa, en Australia, Israel, Canadá y Estados Unidos, entre otros.

Fuente:
EFEverde

 

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