Murli Sukhwani

Director general para EMEA Fluorochemicals de Chemours y presidente del área de Datos e Investigación del Comité Técnico Europeo de Flurocarbonos (EFCTC)

Según los últimos datos disponibles, hasta 31 millones de toneladas de CO2 equivalente de gases HFC podrían haber entrado ilegalmente a través de las fronteras de la UE en 2019.

La regulación F-Gas que entró en vigor en 2015 en Europa se marcaba como objetivo la reducción de un 79% el consumo de los HFC de cara a 2030, a través de un sistema de cuotas que limita la comercialización de estos gases anualmente. Se trata de un objetivo que avanza en paralelo con el compromiso de la Unión Europea de garantizar la neutralidad climática antes de 2050 y responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Antes de la llegada de la pandemia derivada del coronavirus, en 2019 se presentó además el Pacto Verde Europeo (‘Green Deal’) para convertir el continente en un territorio que apueste por una economía limpia, con cero emisiones, donde se protege el hábitat natural. Durante el pasado año las economías de todo el mundo se han visto afectadas y ha habido profundos cambios en los hábitos sociales y de consumo, pero se ha puesto más de relieve que nunca la necesidad de invertir esfuerzos y recursos en las políticas contra el cambio climático.

Los HFC son gases empleados en sistemas de refrigeración de la industria alimentaria y farmacéutica, aires acondicionados de edificios y vehículos, bombas de calor o extintores, entre otros usos, fundamentales para nuestro día a día. Debido a su alto potencial de calentamiento global que contribuye al efecto invernadero, deben dar paso a una nueva generación con menor impacto ambiental. El cumplimiento de la F-GAS y la consecución de los objetivos medioambientales es responsabilidad de muchos actores, desde las instituciones públicas hasta los encargados de gestionar su reciclaje, recuperación o gestión de residuos.

¿Qué es, entonces, lo que nos está frenando para conseguir resultados? Se ha detectado un creciente comercio ilegal de gases HFC en el mercado europeo que socava el cumplimiento de todos estos objetivos medioambientales en España y a nivel europeo. Esta actividad ilícita impacta económicamente en las compañías de toda la cadena de valor y financia el crimen organizado. El contrabando de gases refrigerantes, además de perjudicar la lucha contra el cambio climático, tiene un impacto sobre otras cuestiones como son la seguridad y la calidad.

Desde el Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos (EFCTC, por sus siglas en inglés) se insiste en que España y el resto de los países miembros de la UE pongan todos los medios posibles para erradicar este comercio ilegal a nivel nacional, aplicando estrictamente la regulación F-Gas, realizando los controles rigurosos pertinentes en las fronteras y facilitando las herramientas adecuadas a las oficinas de aduanas.

Según los últimos datos disponibles, hasta un máximo de 31 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e) podrían haber entrado ilegalmente a través de las fronteras de la UE en 2019. En España se han introducido más de 4,6 millones de toneladas equivalentes de CO2 de HFC durante los años 2018 y 2019, lo que nos sitúa como el mayor país importador de gases refrigerantes ilegales en Europa. Hay que tener en cuenta además que en España la normativa europea convive con un impuesto sobre los gases fluorados cuya efectividad está cuestionada. Según los datos de AEFYT (la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías), se estima que la Agencia Tributaria ha dejado de recaudar alrededor de 50 millones de euros con la evasión de este impuesto a través del comercio ilegal.

El EFCTC ha lanzado recientemente un compromiso, que bajo el lema #SayNoToIllegalHFCs, invita a todos los actores vinculados a la industria de la refrigeración, instalación y gestión de gases HFC a unirse en la lucha contra el comercio ilícito. El incremento de las importaciones ilegales implica que no podamos garantizar el origen y la calidad del gas ni, en consecuencia, su seguridad. También afecta directamente a la correcta gestión de los residuos generados durante las operaciones de mantenimiento y revisión de aparatos, pudiendo así disminuir la reutilización o destrucción cuando sea necesario.

Nos quedan todavía nueve años más para cumplir con el ambicioso objetivo de reducir en un 80% el uso de HFC, al mismo tiempo que las compañías siguen invirtiendo en I+D para ofrecer al mercado alternativas más sostenibles, fiables y eficientes. Pero necesitamos una mayor concienciación y un control más riguroso en las fronteras para asegurarnos de que las regulaciones medioambientales de la UE, como la F-Gas, están siendo implementadas de manera efectiva y que responde al objetivo de conseguir una Europa más verde.

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