Por Rezero.

Resulta como mínimo decepcionante que el avance en la aplicación de las normativas ambientales, y muy especialmente en el ámbito de los residuos, cueste tanto materializarse.

Colillas de cigarros

El próximo 8 de abril hará dos años de la aprobación por parte del Congreso de Diputados de la Ley 7/ 2022 de residuos y suelos contaminados por una economía circular. Esta esperada ley transponía el nuevo paquete de regulaciones europeas sobre residuos y, muy especialmente, la Directiva 2019/904, de la UE, de Plásticos desechables.

Se abría, pues, la esperanza, finalmente y con años de retraso, de que el Estado avanzara hacia una nueva gestión de los recursos naturales, con un nuevo marco normativo que, en principio, debía establecer de forma clara la aplicación de la jerarquía de los residuos: reducción, reutilización, reciclaje y, por último, disposición final. La nueva ley también ampliaba los residuos sometidos a la responsabilidad ampliada del productor (RAP), con productos como filtros de tabaco, toallitas húmedas, muebles y textil. Desgraciadamente, casi dos años después de su aprobación, la Ley 7/2022, sigue sin desplegarse.

El Real Decreto de colillas, en el cajón

En el caso de las colillas de tabaco, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a cargo de la vicepresidenta Teresa Ribera, puso en marcha en mayo de 2023 un proceso de aportación de comentarios a la propuesta de texto de Real Decreto de colillas. Nueve meses después de este proceso, todavía no se ha aprobado esta nueva regulación. Fuentes directas del Ministerio indican que, aunque su aprobación podría ser pronto, todavía no se ha fijado una fecha.

Resulta como mínimo decepcionante que el avance en la aplicación de las normativas ambientales, y muy especialmente en el ámbito de los residuos, cueste tanto materializarse. Hoy, más que nunca, el conjunto de la sociedad es consciente de los impactos del modelo económico basado en la cultura de usar y tirar y, muy especialmente, del impacto de los plásticos. También el sector económico productivo y los partidos políticos han hecho suyo los discursos vinculados a una nueva economía circular que debería minimizar el consumo de recursos naturales y poner en práctica alternativas al modelo de economía lineal. Sin embargo, en la práctica todo parece limitarse a estrategias de marketing y ecoblanqueo y que hay poca voluntad política de avanzar hacia una sociedad residuo cero real.

Propuesta insuficiente

La misma propuesta de RD de colillas ya dejaba prever esta carencia de ambición y voluntad de cambio. El texto sometido a consulta pública, al que Rezero propuso una serie de enmiendas de mejora, era un texto focalizado en la limpieza de los espacios públicos. Se traducía en un plan de recogida (no selectiva) de colillas en el que, básicamente, quedaran definidos los lugares donde administraciones y operadores privados, como el sector horeca, deberían instalar ceniceros.

Todo lo que podría suponer un avance hacia la reducción efectiva de las colillas de tabaco y la reducción de su toxicidad no aparecía en el texto propuesto por el ministerio. De hecho, incluso aplazaba hasta 2023 la implantación de la recogida selectiva de este residuo, establecida ya en 2019 en la directiva europea de plásticos desechables.

Es cierto que el texto pretendía regular la necesaria aplicación de la RAP en referencia a los costes de esta recogida (recordemos, no selectiva) que deberían asumir las empresas fabricantes y distribuidoras de colillas de tabaco de acuerdo con esta responsabilidad ampliada del productor que recogía la ley de residuos española y la Directiva europea ya citada.

Letonia ya aplica la RAP a las colillas

Pero mientras en el Estado español todavía esperamos que la medida salga adelante, en Letonia ya se ha publicado la norma que la regula. En el caso del país báltico, se concreta en las siguientes obligaciones para las empresas productoras o importadoras de tabaco:

  • En colaboración con los gobiernos locales, velar por la recogida de desechos ambientales producidos por los productos del tabaco con filtros y la gestión de los residuos recogidos. La empresa también debe crear y garantizar las infraestructuras de recogida y gestión de residuos, por ejemplo, la colocación de contenedores de residuos en los lugares públicos designados por el municipio;
  • Cubrir los gastos del municipio por la recogida y gestión de las colillas abandonadas en el medio;
  • Organizar eventos para informar a las personas consumidoras sobre la correcta gestión de los residuos de tabaco;
  • Informar en su web sobre los sistemas de recogida de colillas.

La injusticia del retraso

En España, lo único que podemos saber a ciencia cierta es que son demasiados años de retraso que cronifican toda una serie de injusticias:

  • Ambientales: se perpetúa la agonía de nuestros ecosistemas. Recordemos que las colillas de tabaco son el residuo más abundante en las playas de la región occidental del Mediterráneo. En concreto, de cada 100 residuos encontrados, 25 son colillas. Solo en Cataluña, se calcula que cada año se generan 2.720 toneladas de colillas de cigarrillos. Según las estimaciones, el 70% de estas colillas acaban en el suelo, sea en la calle, sea en entornos naturales.
  • Sanitarias: las colillas de tabaco contienen miles de compuestos tóxicos resultantes de la combustión del tabaco, sustancias que se dispersan en el medio y acaban afectando, de rebote, a la cadena alimentaria. El potencial tóxico más alto se concentra en los filtros, debido, por un lado, a su composición en plástico (acetato de celulosa) no biodegradable y, por otro lado, debido a la acumulación de grandes cantidades de compuestos tóxicos (acetona, amoníaco, arsénico, polonio o elementos radiactivos).
  • Económicas: Los estudios realizados por Rezero han puesto en evidencia el coste que los municipios están asumiendo en relación con las colillas. En el ámbito catalán, se estima que representa entre 12 y 21 euros por persona y año. En Menorca, son entre 16 y 23. En cuanto a la limpieza del litoral, los gastos se sitúan en una horquilla de entre 9.600 y 22.200 euros por kilómetro y año. Está claro que se está produciendo un traslado de responsabilidades de la industria hacia las administraciones locales y, por tanto, hacia la ciudadanía.

Quedamos a la espera de que el actual gobierno del Estado apruebe y ponga en marcha el nuevo RD de colillas. Cuando esto ocurra, habrá que ver cuál ha sido el resultado final del proceso y si supondrá una reducción, o no, de los impactos de las colillas en nuestro entorno, nuestra salud y nuestro bolsillo.

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