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El importe de la ayuda incluirá el que corresponda a la retirada y el transporte de amianto, así como la gestión y tratamiento de los residuos mediante empresas autorizadas.

Nuevas ayudas en Cataluña para la retirada de amianto

El Consejo de Dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) ha aprobado las bases reguladoras que regirán la convocatoria de ayudas destinadas al ámbito local y a entidades sin ánimo de lucro para la retirada de residuos de materiales de aislamiento y de la construcción que contengan amianto. De este modo, la Generalitat busca promover y fomentar la retirada de estos residuos y procurar que se efectúe con las óptimas condiciones, de forma que se produzca una mejora ambiental y se minimice el riesgo que el amianto conlleva para la salud pública. La convocatoria, que se publicará próximamente, estará dotada con 2 millones de euros.

Para beneficiarse de las ayudas, será necesario que los solicitantes retiren el amianto a través de empresas inscritas en el Registro de empresas con riesgo de amianto (RERA) y dispongan de un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral; que destinen los residuos extraídos a una empresa gestora de residuos inscrita en el Registro general de personas gestoras de residuos de Cataluña, y tramitar la retirada a través del procedimiento establecido en las bases.

La subvención será del 100% de las facturas presentadas, con un máximo de 1.000 euros por tonelada de residuos de la construcción que contengan amianto por actuación, sin limitación de la cantidad de toneladas generadas en cada actuación de desamiantado solicitada. El importe de la ayuda incluirá el que corresponda a la retirada y el transporte de amianto efectuado por las empresas inscritas en el RERA, así como la gestión y tratamiento de los residuos mediante las empresas autorizadas.

Las ayudas que se priorizarán serán los que se destinen a sustituir elementos de amianto por nuevos materiales de construcción; las que se cofinancien con otras entidades públicas; los proyectos de retirada en inmuebles de uso ciudadano, como bibliotecas o centros cívicos, y las actuaciones urgentes.

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