La asociación presenta sus aportaciones al futuro decreto autonómico autonómico y defiende una normativa orientada a favorecer la inversión, la valorización de residuos orgánicos y la economía circular para convertir a la región en un referente en biometano.
La Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc) ha trasladado al Gobierno de Castilla-La Mancha sus aportaciones a la consulta pública previa del futuro decreto que regulará la producción de biometano en la comunidad autónoma. La organización considera que la nueva norma debe facilitar el desarrollo de proyectos mediante un marco basado en la seguridad jurídica, la evaluación técnica y ambiental y la coordinación con la normativa estatal y europea.
Según explica la asociación, Castilla-La Mancha dispone de un elevado potencial para el desarrollo de esta tecnología gracias a la disponibilidad de recursos orgánicos procedentes de la actividad agrícola, ganadera y agroindustrial. En este sentido, recuerda que el Plan Regional de Biometanización estima un potencial de producción de 8,1 TWh anuales de biometano y cifra en 15,7 millones de toneladas la materia orgánica susceptible de valorización.
Para Biocirc, el futuro decreto debe contribuir a transformar estos recursos en energía renovable y productos biobasados, favoreciendo además la gestión sostenible de los residuos orgánicos y de los nutrientes, así como el desarrollo económico del medio rural.
La entidad sostiene que la regulación autonómica debería centrarse en hacer viables proyectos que cumplan los requisitos ambientales, técnicos y sociales, evitando incorporar procedimientos adicionales a los ya contemplados en la legislación vigente. En este sentido, recuerda que las plantas de biometano están sometidas a evaluación ambiental y, en su caso, a la Autorización Ambiental Integrada (AAI), uno de los principales instrumentos de control ambiental aplicables a este tipo de instalaciones.
Asimismo, la asociación considera que las autorizaciones deben seguir fundamentándose en criterios técnicos y científicos homogéneos y advierte de que la introducción de mecanismos adicionales o la transferencia de competencias a las entidades locales podría generar diferencias en la aplicación de la norma e incrementar la inseguridad jurídica para los proyectos.
En relación con el contexto regional, Biocirc señala que Castilla-La Mancha afronta retos vinculados a la gestión de los estiércoles ganaderos y a la contaminación por nitratos, ámbitos en los que el biometano podría contribuir, según la organización, mediante la valorización previa de los residuos orgánicos para producir energía renovable y fertilizantes o enmiendas de mayor valor añadido.
La asociación también valora las declaraciones realizadas recientemente por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en las que defendía la necesidad de dotar a la región de infraestructuras para tratar y valorizar la materia orgánica generada en Castilla-La Mancha y apostaba por centrar el debate en la regulación de estas instalaciones.
Entre las propuestas remitidas durante la consulta pública, Biocirc plantea reforzar la coordinación administrativa mediante una ventanilla única para la tramitación de proyectos, establecer plazos claros para la resolución de expedientes, garantizar la coherencia del futuro decreto con el marco regulatorio estatal y europeo y reconocer aquellos proyectos que obtengan el futuro Sello de Excelencia Social, Territorial y Ambiental impulsado por el Gobierno de España.
La organización considera que una regulación estable y basada en criterios objetivos permitiría aprovechar el potencial del biometano como herramienta para impulsar la economía circular, favorecer la valorización de residuos orgánicos y contribuir al desarrollo industrial y rural de Castilla-La Mancha.








