Aecoc lamenta que la nueva ley de residuos obligue a las empresas a financiar la limpieza de basura abandonada en espacios públicos

La asociación de fabricantes y distribuidores cree que de esta forma se desincentivará la implicación de administraciones públicas y consumidores en la separación de los residuos.

Tras la aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc ha mostrado su desacuerdo con que la normativa supere las exigencias y objetivos marcados por Europa en materia de sostenibilidad y protección del medio ambiente, ya que ello supondrá «importantes costes económicos para las empresas en un contexto de la máxima complejidad», según un comunicado de la organización.

Así, en el marco de la responsabilidad ampliada del productor, la nueva ley prevé ampliar las contribuciones financieras de las empresas productoras a la hora de asumir los costes de la recuperación y limpieza de los residuos abandonados en vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, trasladando así a las empresas una responsabilidad que anteriormente era de los ayuntamientos y que por tanto se gestionaba con fondos públicos.

Aecoc asegura que la norma va más allá de las exigencias establecidas por las directivas europeas, y que supone «un claro desincentivo para que otros agentes -como las administraciones públicas o los consumidores- se involucren en la separación de los residuos», y que además «no contribuye a mejorar en el cumplimiento de los objetivos medioambientales».

Igualmente, el artículo 55 de la ley referente a artículos de plástico de un solo uso que deben ser sustituidos por otros materiales, añade productos que no estaban contenidos en la Directiva 2019/904 de la Comisión Europea, como bandejas, anillas, monodosis o palitos para alimentos.

Si bien la asociación reconoce que «la aprobación de la norma era necesaria para que España cumpla con las directivas europeas en gestión de residuos, plásticos de un solo uso y economía circular», considera inexplicable que marque «objetivos que van más allá de los fijados por Europa, trasladando así sobrecostes a las empresas y poniendo en riesgo la competitividad de las compañías españolas, que tendrán que destinar mayores recursos que sus competidores europeos para el cumplimiento de la ley».