La Agencia británica de Medio Ambiente estima que el 18% de todos los residuos del país se gestionan de forma ilegal, lo que equivale a unos 34 millones de toneladas anuales.
La Agencia británica de Medio Ambiente ha puesto en marcha una nueva Unidad de Delitos Económicos para impulsar sus esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de dinero y llevar a cabo investigaciones financieras en el sector de los residuos, garantizando que el delito no sea rentable.
La nueva unidad se basa en el trabajo realizado por el equipo de investigaciones financieras de la Agencia de Medio Ambiente, que ha logrado importantes éxitos en la incautación de dinero y activos. En colaboración con la policía, la Agencia de Medio Ambiente ha ampliado este equipo para convertirlo en la Unidad de Delitos Económicos.
La unidad estará formada por personal altamente cualificado, incluidos investigadores financieros acreditados, funcionarios de inteligencia financiera y un analista de delitos financieros.
La nueva unidad constará de dos equipos: el Equipo de Denegación de Activos y el Equipo de Investigaciones sobre Blanqueo de Capitales. El primero se centrará en las órdenes de embargo preventivo de cuentas, las incautaciones de efectivo, los embargos preventivos y las confiscaciones. Cuando se sospeche que una cuenta bancaria se está utilizando para fondos obtenidos ilegalmente, se podrá congelar el dinero que contiene y corresponderá al titular de la cuenta demostrar que el dinero es legítimo. Si no puede hacerlo, el dinero será confiscado.
El Equipo de Investigaciones sobre Blanqueo de Capitales permitirá a la Agencia de Medio Ambiente llevar a cabo investigaciones específicas sobre blanqueo de capitales dirigidas a delitos contra el medio ambiente. Una condena por delitos de blanqueo de capitales puede acarrear 14 años de cárcel, lo que constituye un fuerte factor disuasorio para los delincuentes.
Alan Lovell, presidente de la Agencia de Medio Ambiente, ha declarado que «los delitos contra los residuos son una lacra para las comunidades y nuestro medio ambiente. Al socavar la inversión legítima de las empresas, se calcula que cuesta a nuestra economía 1.000 millones de libras esterlinas al año (unos 1.170 millones de euros), dinero que se detrae de otros servicios esenciales para hacer frente a los daños causados por los delincuentes en el ámbito de los residuos».
Emma Viner, directora de Cumplimiento e Investigaciones de la Agencia de Medio Ambiente, añade que «la delincuencia relacionada con los residuos tiene una motivación económica, por lo que sabemos que si invertimos nuestros esfuerzos en garantizar que no resulte rentable, el atractivo para los delincuentes será mucho menor».
En palabras de Robbie Moore, ministro de Medio Ambiente «la creación de la Unidad de Delitos Económicos constituye otra poderosa herramienta en nuestra lucha contra los delincuentes en el sector de los residuos, que socavan los negocios legítimos».
Entre las acciones previstas para remodelar el sector de los residuos y combatir a los operadores ilegales, el Ministerio prevé introducir la trazabilidad digital obligatoria de los residuos y reformar el régimen de los transportistas de residuos, lo que significa que quienes transportan residuos o toman decisiones sobre ellos deben demostrar que son competentes para hacerlo.
Según explica Jacob Hayler, director ejecutivo de la Asociación de Servicios Medioambientales (ESA), «desde los vertidos incontrolados hasta la evasión fiscal, los delitos relacionados con los residuos son fundamentalmente delitos financieros que consisten en eludir el coste de un tratamiento adecuado de los residuos para obtener el máximo beneficio, dejando que la sociedad y el medio ambiente paguen la factura y socavando los negocios legítimos».
«Durante demasiado tiempo -continúa Hayler-, los delincuentes que operan en nuestro sector han considerado la aplicación de la ley y las sanciones penales como un coste aceptable del negocio, por lo que la ESA y sus miembros acogen con gran satisfacción los nuevos esfuerzos de investigación financiera de la Agencia de Medio Ambiente, junto con medidas más estrictas de privación de activos para demostrar que la delincuencia en nuestro sector no es rentable».
La tercera encuesta nacional de la Agencia de Medio Ambiente sobre el alcance y la naturaleza de los delitos relacionados con los residuos reveló que el 18% de todos los residuos del país se gestionan de forma ilegal, lo que equivale a unos 34 millones de toneladas anuales, suficientes para llenar 4 millones de contenedores.