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Los recuperadores de economía solidaria exponen ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático sus propuestas de mejora para el sector, que pasan por una implementación real de la jerarquía europea de residuos.

La prevención y la preparación para la reutilización son las prioridades de la jerarquía de residuos
Taller de reparación de muebles y enseres. Foto: AERESS

La semana pasada, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) presentó ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado sus propuestas para la consecución de un modelo de gestión de residuos que priorice las primeras fases de la jerarquía: prevención y preparación para la reutilización. La comparecencia de AERESS se enmarco en las ponencias de estudio para la evaluación de diversos aspectos en materia de residuos, y por las que ya se han celebrado reuniones con otras entidades del sector como Recyclia, en el caso de los residuos electrónicos, o el de la industria papelera.

Tras una breve presentación sobre la red de entidades recuperadoras de economía social y solidaria, su labor ambiental y su añadido valor social de generación de empleo e inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, se expuso a los senadores el análisis del sector en materia de residuos, los principales problemas a los que se enfrenta y las reivindicaciones del mismo para hacerles frente.

Desde el sector se entiende que tanto la legislación nacional como la europea han fracasado, hasta la fecha, en la promoción real de las primeras fases de la jerarquía de gestión de residuos: prevención y preparación para la reutilización. Y como consecuencia, una gran cantidad de bienes y enseres que son desechados y podrían ser reutilizados acaban siendo prematuramente reciclados e incluso, en el peor de los escenarios, terminan enterrados en vertederos o incinerados, con el consiguiente desperdicio de recursos naturales y la pérdida de oportunidad de generación de empleos.

Ante este escenario, son varias las propuestas de AERESS destinadas a una mejora y apuesta real para una correcta implementación de la jerarquía europea de gestión de residuos.

Como primer paso, medidas destinadas a la prevención en la generación de residuos, relacionadas con el propio proceso de diseño y producción, y con la responsabilidad de los productores para facilitar su posterior reparación. Algunos ejemplos en este sentido son la obligación de fabricar productos reparables, la prohibición o penalización de la obsolescencia programa –como ha sucedido en Francia recientemente–, el alargamiento de las garantías y la obligatoriedad en el suministro de piezas y manuales para la reparación.

En segundo lugar, AERESS propone el establecimiento de objetivos de prevención y de preparación para la reutilización separados de los de reciclaje. Desde el sector se considera que esta es la única manera de garantizar que se prioriza la preparación para la reutilización frente a otras vías de valorización o, incluso, frente a la directa eliminación, que muchas veces resultan más económicas y que están provocando el desperdicio de muchos materiales valiosos, alejándonos del concepto de economía circular.

En tercer lugar, resulta de vital importancia facilitar el acceso al residuo al personal de los centros de preparación para la reutilización, además de gestionar los residuos de forma que se mantenga su potencial de reutilización. Algunos ejemplos de disposiciones en este sentido podrían ser:

  • Desarrollar medidas obligatorias de recogida separada de las distintas fracciones potencialmente reutilizable.
  • Mejorar los puntos de recogida, como los puntos limpios, de forma que se definan algunas especificaciones para contar, por ejemplo, con áreas designadas para los bienes reutilizables.
  • Garantizar el acceso prioritario a dichos puntos para el personal de los centros de reutilización.

Finalmente, AERESS reclama el establecimiento de cláusulas sociales y reservas de mercado que favorezcan al sector, dado su valor social añadido, así como la implementación de buenas prácticas de contratación y compra pública sostenibles.

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