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Según un informe de la Oficina Europea de Medio Ambiente, la contaminación derivada de la actual propuesta de la UE sobre emisiones en las grandes plantas de combustión acarrearía hasta 71.000 muertes evitables, problemas de bronquitis aguda en 200.000 niños y pérdidas económicas por valor de 52.000 millones de euros.

Una normativa sobre emisiones débil acarrearía miles de muertes en Europa, según el informe de la EEB
Emisiones de una planta de combustión en Copenhague (Dinamarca). Foto: Morten Siebuhr (cc)

La UE está considerando impulsar nuevos estándares sobre la contaminación generada por la combustión del carbón demasiado laxos, que podrían desencadenar más de 71.000 muertes derivadas de un aumento de los riesgos de apoplejías, cardiopatías, asma y otras enfermedades asociadas a la contaminación del aire, según denuncia un reciente estudio de la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) y Greenpeace. Además, producirían más de 200.000 casos de bronquitis aguda entre los niños de 6 a 12 años.

A todo esto, además, habría que añadir unos costes económicos de unos 52.000 millones de euros entre asistencia sanitaria y pérdidas de días de trabajo –que el informe estima en alrededor de 23 millones de jornadas– entre 2020 y 2029.

Christian Schaible, director de política de producción industrial de la EEB, ha dicho al respecto que la UE no debería rebajar el alcance de los estándares medioambientales “a los niveles de industrias rezagadas”, y tampoco basarlos en “las opciones de menor coste”.

Los estándares de emisiones son requisitos de límites específicos a la cantidad de contaminantes que pueden ser liberados en el ambiente.

Actualmente, la UE está actualizando sus estándares de desempeño ambiental para las grandes instalaciones de combustión, incluyendo las centrales alimentadas por carbón y lignito.

Los niveles de emisiones para estas plantas, que se aplicarán a partir de 2020, deberían basarse en las mejores técnicas disponibles. Pero según denuncia la EEB, la actual propuesta de la UE es mucho más débil que los estándares existentes actualmente para las plantas de carbón en Europa, China y Estados Unidos, y no refleja los bajos niveles que las actuales técnicas permitirían alcanzar.

El estudio utiliza datos oficiales de la UE para demostrar los impactos sobre la salud de los europeos derivados de los estándares de emisiones propuestos, comparándolos con los impactos que tendrían unos estándares basados en los niveles que se podrían lograr con las mejores técnicas disponibles en 290 grandes plantas térmicas de carbón, de más de 50 MWt de potencia.

Límite a las emisiones tóxicas

Los nuevos estándares de la UE se aplicarían a partir de 2020 y establecería límites a las emisiones tóxicas, incluyendo el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, mercurio y partículas, para la próxima década. Todas las cuales tienen efectos significativos documentados sobre la salud y el medio ambiente.

Sin embargo, el marco jurídico establecido por la Directiva de emisiones industriales permite establecer niveles de emisión más débiles si los operadores aluden que unos objetivos más estrictos conllevarían costes desproporcionados en comparación con los beneficios.

“Ajustar los niveles a lo que en realidad pueden conseguir las mejores técnicas traerá enormes beneficios sociales a la UE, valorados en 6.360 millones de euros al año”, dijo Schaible. “Las autoridades tienen la obligación ética de prevenir muertes evitables e impactos a largo plazo sobre la salud de los ciudadanos, y están obligados a hacerlo por los principios de ‘prevención en la fuente’ y de que ‘quien contamina paga’”, concluyó el representante de la EEB.

Un grupo de expertos de la UE, incluidos representantes de la EEB, se reunirán del 1 al 9 de junio para tomar una decisión final sobre los estándares propuestos. Pero las ONG y grupos ecologistas aseguran que la industria que opera estas plantas de combustión “ha logrado presencia en las delegaciones nacionales y se les permitirá jugar un papel muy influyente en el establecimiento de los nuevos estándares”.

Se espera que los Estados miembros voten la propuesta revisada de la Comisión a finales del año.

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