Alexandra Farbiarz MasAlexandra Farbiarz Mas

Comunicóloga, especializada en Biotecnología y Medio Ambiente
TERRAQUI. Derecho Ambiental

Francia integró el combate contra la obsolescencia programada en su cuerpo legislativo mediante la Ley de Transición Energética y Crecimiento verde del 17 de agosto de 2015, así como en la Ley 2014-344 de 17 de marzo de 2014 (Ley Hamon), relativa al consumo, y ahora quiere hacerlo en su Estrategia de Economía circular sometida a consulta pública hasta el 25 de febrero.

Sobre la obsolescencia programada, como ya hemos comentado en algún post de Terraqui, existen muchas definiciones, aunque al final acaban con la misma evidencia: el de la aceleración de la vida del producto.

Existen distintos tipos de técnicas de esta aceleración como, por ejemplo, la introducción de materiales más bien frágiles, la incompatibilidad entre distintos componentes o la de sistemas informáticos en los que el software acaba dejando obsoleto al hardware.

Una de las consecuencias de la obsolescencia programada son las dificultades en relación a la reparación de los productos, puesto que las piezas han dejado de fabricarse o no están disponibles en un plazo razonable, o el coste de la reparación es desproporcionado en relación a la compra de un nuevo producto.

Es precisamente en relación a esta dificultad que se desarrollan una serie de medidas en la hoja de ruta de economía circular del país galo titulado “Entremos en el bucle: una hoja de ruta para una economía 100% circular”.

Las distintas medidas que se quieren plantear respecto a la obsolescencia programada, objeto de consulta pública hasta el próximo 25 de febrero, son las siguientes:

  1. Mejorar la información del consumidor para que pueda tener los elementos adecuados para comprar de una manera clara. En particular, una aplicación digital de fácil acceso (código de memoria flash en la etiqueta del producto) que estará disponible para los consumidores y que servirá como foro para los usuarios. Esta aplicación consolidará y simplificará toda la información adicional que existe sobre los productos: permitirá comparar las etiquetas, explicar los principales impactos ambientales del etiquetado ambiental, proporcionar información sobre la trazabilidad, elementos que explican las declaraciones ambientales y su fiabilidad, información sobre la vida útil, el diseño ecológico, el asesoramiento de mantenimiento y la mejora de la información, ya obligatoria, sobre la disponibilidad de piezas de repuesto.
  2. Extender la vida útil del producto a través del apoyo a la reutilización, reparación y la economía de la funcionalidad (privilegiar el uso frente a la posesión o servitización).
  • Mostrar, de forma voluntaria, antes del 1 de enero de 2020, para determinadas categorías de productos (electrodomésticos, equipos de bricolaje, etc.), información simple sobre su vida útil (reparabilidad, robustez, durabilidad), desarrollando un sistema de referencia armonizado para información para el consumidor. Francia llevará la lucha contra la obsolescencia programada a nivel europeo para hacer que esta información sobre la robustez de los productos sea una obligación.
  • Fortalecer la oferta de actores de reutilización y reparación.

Fortalecer la oferta de reutilización, reparación y funcionalidad de los actores económicos, para facilitar que las personas acudan a sus servicios en lugar de tirar un bien y comprar uno nuevo, mientras se fortalece la economía social y solidaria de la economía en Francia.

Esto requiere una mejor estructuración de la oferta de reparación para que sea más competitiva y más fácil de acceder para los consumidores. Varias opciones son posibles:

– desarrollar plataformas de redes digitales para reparadores y ponerlos en contacto con los consumidores;

– reforzar la participación de determinadas ecoorganizaciones en las actividades de reutilización y reparación, proporcionando a los consumidores un mapa territorial de los servicios de reparación y reutilización de fácil acceso y de calidad;

 – examinar las opciones para mejorar la competencia entre los reparadores y las ventajas económicas o fiscales para permitir una reducción efectiva de los precios de los servicios de reparación.

  • Extender la obligación de suministrar repuestos usados.

Extender la obligación de suministrar repuestos usados, tan pronto como estén disponibles, a todos los reparadores de bienes tecnológicos (electrodomésticos, alta fidelidad, fotografía, telefonía, etc.), según el modelo de la obligación existente para reparadores de automóviles. Llevar al nivel europeo la obligación de una pantalla que indique la disponibilidad o no de las piezas de repuesto.

  • Reforzar la información del consumidor sobre la garantía legal.

Llevar a cabo, en el marco de la revisión de las normas europeas sobre la garantía legal de conformidad, un refuerzo de la información del consumidor sobre la misma (donde se distingan mejor las garantías comerciales de los productos más durables), priorizando la reparación de un bien en lugar de reemplazarlo por uno igual y una extensión de la durabilidad de la garantía (paso del período de garantía de las lavadoras de 2 a 5 años, por ejemplo).

Como ya se ha mencionado, Francia termina su proceso de consulta pública de estrategia de economía circular el próximo 25 de febrero. España la concluirá el próximo 12 de marzo. Mientras que en la estrategia española se menciona solo tres veces la obsolescencia programada sin llegar a especificar ninguna medida concreta para combatirla (pueden comprobarse en el borrador de la Estrategia española de Economía Circular), en Francia no solo han propuesto las medidas aquí presentadas sino que además está dispuesta a liderar estas iniciativas en el seno de la Unión Europea.

Deje una respuesta

Queremos saber si no eres un bot *