Las organizaciones del sector advierten de que la propuesta de la UE, basada en 2 euros por cada kilo de residuos electrónicos no recogidos, podría generar un sobrecoste de más de 1.800 millones de euros anuales en España sin garantizar mejoras en la recogida ni el reciclaje.

Planta de reciclaje de residuos electrónicos
Foto: RESIDUOS PROFESIONAL

Asociaciones de fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos y sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) han pedido al Gobierno español que rechace el nuevo gravamen sobre residuos electrónicos propuesto por la Unión Europea en el marco de su próximo Marco Financiero Plurianual. Las organizaciones consideran que la medida tiene un carácter recaudatorio y podría incrementar los costes de la industria sin contribuir directamente a mejorar la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

La propuesta contempla una contribución de 2 euros por cada kilogramo de residuos electrónicos no recogidos, calculada en función de los aparatos puestos en el mercado y los volúmenes de residuos recogidos. Según las entidades firmantes, su aplicación podría suponer una carga económica superior a los 1.800 millones de euros anuales en España y a los 17.000 millones en el conjunto de la UE.

Las asociaciones sostienen que el mecanismo no garantiza que los ingresos se destinen a financiar infraestructuras de recogida, reciclaje o iniciativas de economía circular. También advierten de que, si España traslada el coste a los fabricantes mediante una fórmula impositiva, como sucedió con el impuesto a los envases de plástico no reutilizables, podría afectar a la competitividad de las empresas, frenar inversiones y aumentar la carga administrativa.

Un gravamen que no incentiva la circularidad

Las organizaciones firmantes cuestionan que vincular la contribución económica a los residuos no recogidos sea un mecanismo adecuado para impulsar mejoras ambientales. A su juicio, relacionar los ingresos presupuestarios con los déficits de recogida puede generar un conflicto entre los objetivos de recaudación y los avances en la gestión de residuos.

El sector considera que la política presupuestaria europea debería incentivar la mejora de las tasas de recogida y reciclaje, en lugar de establecer un mecanismo financiero asociado a su incumplimiento. En este sentido, defiende que el objetivo debe ser corregir las deficiencias del sistema y no convertirlas en una fuente de ingresos.

Asimismo, las asociaciones advierten de un posible efecto contradictorio con las políticas europeas de ecodiseño y durabilidad. Argumentan que los fabricantes están invirtiendo en productos más duraderos, reparables y reacondicionables, así como en la disponibilidad de piezas de repuesto, pero que el método de cálculo del gravamen podría penalizar indirectamente esa mayor vida útil.

Esto se debería, según explican las organizaciones del sector, a que el cálculo de los residuos no recogidos parte de la diferencia entre los aparatos puestos en el mercado y los residuos recogidos, por lo que los productos que continúan en uso también pueden influir en esa diferencia.

Dudas sobre la fiabilidad de los datos de recogida

Otro de los aspectos cuestionados es la calidad y verificabilidad de los datos nacionales utilizados para calcular las contribuciones. Las entidades alertan de que las diferencias en los sistemas de contabilización y la falta de mecanismos sólidos de comprobación podrían generar distorsiones en las estimaciones y, por tanto, en las cantidades que deberán abonarse.

En este contexto, aluden a las deficiencias del marco de verificación señaladas por el Tribunal de Cuentas Europeo, entre ellas la ausencia de una obligación para los Estados miembros de verificar sus datos y la falta de una base jurídica en Eurostat para auditarlos.

Las organizaciones consideran que contribuciones económicas de esta magnitud deben calcularse a partir de información fiable, comparable y verificable, y advierten de que las deficiencias metodológicas podrían derivar en previsiones de ingresos poco precisas y en cargas financieras superiores a las esperadas.

La revisión de la Directiva RAEE como alternativa

Frente al nuevo gravamen, los firmantes proponen aprovechar la próxima revisión de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) para abordar las deficiencias estructurales del sistema de recogida y tratamiento.

Entre las prioridades que señalan figuran reforzar la aplicación de la normativa, mejorar la trazabilidad de los residuos y combatir el incumplimiento, incluido el relacionado con vendedores online. También defienden que se aprovechen las inversiones que ya realizan los fabricantes y los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Las asociaciones recuerdan que la mejora de la recogida no depende exclusivamente de los fabricantes, sino que requiere la participación de municipios, distribuidores, gestores de residuos, recicladores y consumidores.

Por ello, han solicitado al Gobierno español que se oponga a la aprobación del gravamen en el marco de las negociaciones europeas sobre el presupuesto plurianual. Consideran que la revisión de la normativa sobre RAEE ofrece una oportunidad para mejorar el funcionamiento del sistema sin introducir una nueva carga financiera que, según sostienen, no garantiza avances en la economía circular.

La petición está respaldada por las asociaciones empresariales de fabricantes de equipos eléctricos y electrónicos APPLiA España, AFEC, AFME, AMETIC, ANFALUM, CEPCO y FEGECA, y por los sistemas colectivos de RAP Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Ecotic, ERP, EcoRAEEs, Recyclia, Reinicia y Sunreuse.

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