Organizaciones alertan de posibles vulneraciones del Convenio de Basilea en el comercio de residuos electrónicos en Indonesia

Una investigación en Batam identifica nuevos movimientos de contenedores presuntamente vinculados al tráfico transfronterizo de RAEE y cuestiona el cumplimiento de los controles internacionales sobre estos residuos.

Varias organizaciones ambientales han alertado de posibles incumplimientos del Convenio de Basilea en relación con la importación y exportación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) a través de la isla indonesia de Batam. La denuncia se produce tras una investigación de campo realizada por Basel Action Network (BAN), Nexus3 Foundation y Ecoton, que ha identificado tres contenedores sospechosos de transportar residuos electrónicos con destino a Malasia.

Según las organizaciones, los contenedores estaban localizados en instalaciones vinculadas a una empresa de reciclaje Indonesia y tenían prevista su llegada al puerto malasio de Port Klang el 3 de septiembre. Los grupos reclaman a las autoridades que investiguen el contenido de los envíos y determinen si se han producido movimientos transfronterizos contrarios a la normativa internacional y nacional aplicable.

La situación se suma a las controversias surgidas en los últimos meses en torno a la entrada de residuos electrónicos en Batam. Datos citados por las organizaciones apuntan a que varias compañías habrían continuado recibiendo miles de contenedores presuntamente procedentes de Estados Unidos durante marzo y abril de 2026, pese a que, según sostienen, sus licencias de importación habían sido revocadas meses antes.

Más de 900 contenedores intervenidos

Batam comenzó a situarse en el foco internacional en septiembre de 2025, cuando salieron a la luz presuntas importaciones irregulares de residuos electrónicos procedentes de Estados Unidos. Posteriormente, otras instalaciones de la isla fueron también relacionadas con estos movimientos.

Para abril de 2026, el número de contenedores sospechosos intervenidos en el puerto de Batu Ampar había ascendido a 914, según recoge el comunicado. Las autoridades indonesias anunciaron inicialmente su intención de exigir responsabilidades y repatriar los residuos, en línea con las disposiciones del Convenio de Basilea sobre tráfico ilegal.

Sin embargo, posteriormente se planteó la posibilidad de gestionar y destruir los residuos en la propia isla. Esta decisión ha sido cuestionada por las organizaciones firmantes, que consideran que la clasificación de determinados materiales como no peligrosos no elimina las obligaciones de control establecidas para los residuos electrónicos.

Desde enero de 2025, las modificaciones introducidas en el marco del Convenio de Basilea someten a control transfronterizo un amplio abanico de residuos electrónicos, incluidos equipos completos, componentes y determinadas fracciones derivadas de su tratamiento.

Las organizaciones recuerdan además que Estados Unidos no es parte del Convenio de Basilea, por lo que cuestionan la legalidad de las exportaciones de RAEE desde ese país hacia Indonesia.

Sospechas sobre nuevas exportaciones hacia Malasia

La investigación más reciente se centra en tres contenedores presuntamente vinculados a una empresa de Indonesia y con destino a Malasia. Este posible movimiento resulta especialmente relevante porque Malasia ha establecido restricciones a la importación de residuos electrónicos.

Para BAN, Nexus3 y Ecoton, si los contenedores contienen RAEE o fracciones plásticas procedentes de estos residuos y han sido enviados sin los procedimientos de notificación y consentimiento requeridos, podría tratarse de un nuevo caso de tráfico transfronterizo ilegal.

«Es imperativo que estos tres contenedores con destino a Port Klang sean interceptados a su llegada e inspeccionados como posible mercancía de contrabando», afirma Jim Puckett, fundador y director estratégico de Basel Action Network. El responsable añadió que, si se confirma la presencia de residuos electrónicos, «el Gobierno indonesio debe recuperarlos y emprender acciones contra cualquier exportación ilegal».

Las organizaciones también reclaman una investigación sobre la continuidad de las operaciones de importación en Batam. «¿Por qué se permitió a estas instalaciones seguir importando residuos electrónicos después de que sus permisos fueran revocados?», cuestiona Daru Setyorini, fundadora y directora ejecutiva de Ecoton.

Llamamiento a reforzar los controles

El comunicado compara la actuación de Indonesia con las medidas adoptadas por otros países del Sudeste Asiático. Malasia y Tailandia han reforzado las restricciones a la entrada de determinados residuos electrónicos, mientras que Filipinas también ha comenzado a rechazar contenedores sospechosos.

Las organizaciones consideran que el caso de Batam evidencia las dificultades existentes para controlar los flujos internacionales de residuos y garantizar la aplicación efectiva de los acuerdos internacionales. En este sentido, reclaman una mayor coordinación entre autoridades ambientales, aduaneras y portuarias, así como investigaciones sobre las empresas implicadas en el comercio transfronterizo de residuos.

«Indonesia fue en el pasado un referente en la defensa de la justicia ambiental dentro del Convenio de Basilea», señala Yuyun Ismawati, cofundadora y asesora sénior de Nexus3 Foundation. «Sin embargo, actualmente existe el riesgo de que el país sea percibido como un territorio que está debilitando unas protecciones logradas durante años».

El caso vuelve a poner sobre la mesa el desafío que supone el comercio internacional de RAEE y la necesidad de reforzar la trazabilidad y los mecanismos de control para evitar que residuos complejos, con potencial contenido de sustancias peligrosas, sean trasladados entre países bajo clasificaciones ambiguas o sin cumplir los procedimientos establecidos por la normativa internacional.