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Según la patronal del reciclaje de RCD, el actual vacío legal está provocando la proliferación de vertederos clandestinos por toda la Comunidad y la presencia incontrolada de materiales cancerígenos como el amianto.

Escombros con residuos de amianto

La Asociación de Empresarios de Selección y Reciclaje de Residuos de la Construcción y de la Industria (ARCI) ha solicitado al Gobierno de la Comunidad Valenciana una normativa autonómica urgente que regule la producción y gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) en la región. Su objetivo, resolver el problema de contaminación de suelos y acuíferos, deterioro paisajístico, intrusismo y el grave riesgo para la salud que produce la diseminación de escombros y los vertederos incontrolados.

Las plantas legales de valorización y reciclaje que pertenecen a ARCI gestionan unas 215.000 toneladas de residuos, lo que supone tan solo un 20% de la producción que se estima genera el sector. Esta situación evidencia la descontrolada y clandestina eliminación de residuos procedentes de edificaciones de nueva planta, de la demolición de inmuebles antiguos y de pequeñas obras de reforma.

“Nos enfrentamos a un problema de primera magnitud porque este vacío legal permite que se amontonen residuos de todo tipo, peligrosos y no peligrosos, sin clasificación ni autorización alguna”, destaca el portavoz de ARCI, Vicente Ferrer.

Además alerta de la presencia de materiales cancerígenos como el amianto (ver la imagen que encabeza esta noticia) en escombreras dispersas por toda la Comunidad, a los que los ciudadanos están expuestos. Una muestra de estos residuos figura en el Vertedero Virtual alojado en la web de la asociación. En esta plataforma ya hay registrados cerca de 50 “puntos calientes” en la Comunidad Valenciana y los ciudadanos pueden enviar fotos y localización de zonas de acumulación de escombros que consideren irregulares en sus áreas de proximidad.

ARCI apremia por tanto a la Administración valenciana a que incluya en la hoja de ruta del acuerdo del Botánico una gestión ordenada, transparente y eficiente de este tipo de residuos para paliar la situación de desigualdad y desventaja con respecto a otras comunidades.

“Una actuación necesaria que nos equipararía con más de la mitad de Comunidades Autónomas que sí disponen de normativa específica sobre residuos de la construcción y demolición, entre ellas el País Vasco, Navarra, Andalucía, Madrid, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura”, añadió Ferrer.

Incumplimiento de la Ley estatal

A la espera de una normativa propia, ARCI insta a los responsables autonómicos a que vigilen y controlen el cumplimiento por parte de las corporaciones locales del RD 105/2008 que regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición en el ámbito estatal.

“Hasta la fecha se está incurriendo en un incumplimiento de la legislación estatal porque las corporaciones locales se escudan en la inexistencia de un modelo de referencia sobre el que inspirarse”, advierte Ferrer.

Como solución, la Asociación ha elaborado unas propuesta de ordenanza municipal para lograr una regulación y control efectivo de los flujos de RCD y que puede servir como base para la elaboración de su propio modelo por parte de Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

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