La instalación tendrá capacidad para valorizar 46.000 toneladas anuales de RCD para la producción de áridos reciclados.

La Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental al proyecto para construir una planta de valorización de residuos de la construcción y demolición (RCD) en el municipio de Celanova, en la provincia de Ourense.
Según se concluye en el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto, siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental y en la restante documentación analizada, como en la propia resolución autonómica.
La instalación, de valorización de residuos de construcción y demolición se localizará en una parcela de cerca de 7.400 metros cuadrados de superficie, justo del lado de una planta de fabricación de hormigón propiedad del promotor, Almacenes Miranda Celanova. El proyecto distingue diferentes zonas y espacios, como un stand para oficina, playa de descarga, área de triaje, zona de almacenamiento de residuos valorizados, contenedores estancos para los desechos rechazados, un área de trabajo con machacadoras y una balsa de lejías para regar los residuos.
El promotor establece la capacidad máxima prevista de recepción de residuos de construcción y demolición en 46.000 toneladas al año, aunque parte de un valor actual normal de recepción de 7.000 toneladas anuales. La estimación de la empresa es valorizar cerca del 80% para la producción de áridos (unas 5.500 toneladas al año) y el rechazo de algo más del 20%, unas 1.500 toneladas al año.
Alrededor del 27% de los materiales valorizados se corresponderán con trozos de hormigón, otro 27% de tejas, algo más de un 9% de restos de ladrillos y bloques cerámicos y el resto de una mezcla de todos los anteriores.
El informe de impacto ambiental fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida la participación pública, sin que se recibiera ningún escrito o alegato al respeto, al tiempo que fueron consultados un total de nueve organismos interesados.
Fruto de esas consultas, realizaron la valoración correspondiente y establecieron condicionantes que se añaden a los incluidos en el propio programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad.







