Los operadores reclaman un periodo transitorio para el sistema digital DIWASS y la eliminación de obligaciones administrativas que consideran desproporcionadas para los envíos intracomunitarios.

Diversos representantes de la industria europea de la gestión de residuos y el reciclaje han solicitado a la Comisión Europea una aplicación “fluida y eficiente” del nuevo Reglamento de Traslados de Residuos, cuya entrada en vigor se produjo en mayo de 2024 y cuyas principales obligaciones comenzarán a aplicarse el 21 de mayo de 2026.
El nuevo marco normativo introduce requisitos clave como la digitalización obligatoria de los procedimientos mediante el sistema Digital Waste Shipment System (DIWASS) y la exigencia de presentar el formulario Anexo VII al menos dos días laborables antes del inicio del traslado. Estas medidas forman parte de la estrategia comunitaria para reforzar el control de los envíos y avanzar hacia una economía circular, aunque el sector advierte de su impacto operativo.
En un comunicado conjunto, actores industriales vinculados a distintas cadenas de valor europeas, incluida la gestión de residuos, subrayan que, a medida que se acerca la fecha de aplicación, persisten preocupaciones relevantes, especialmente en relación con los procedimientos electrónicos y la gestión documental asociada al Anexo VII.
Entre sus principales demandas figura el establecimiento de un periodo transitorio de al menos un año para la implantación de DIWASS. Según el sector, aunque la digitalización es clave para mejorar la trazabilidad y la eficiencia, la puesta en marcha del sistema plantea retos técnicos y operativos significativos. A ello se suma el retraso en su desarrollo: las normas de ejecución se adoptaron en julio de 2025, la documentación técnica no se publicó hasta enero de 2026 y el sistema aún no está plenamente operativo, mientras que el registro de operadores no ha comenzado.
En este contexto, las empresas advierten de que disponen de un margen limitado para adaptarse a un sistema complejo. Por ello, proponen que, durante el periodo transitorio, se permita el uso de medios alternativos para la presentación de documentación —incluyendo formatos físicos o envíos por correo electrónico— sin sanciones en caso de incumplimiento técnico. Asimismo, consideran necesario armonizar este enfoque entre los Estados miembros para evitar distorsiones en el mercado interior.
Otra de las peticiones centrales es la eliminación de la obligación de presentar el Anexo VII con dos días de antelación, al considerar que introduce rigideces incompatibles con la operativa real de los traslados de residuos, especialmente en el caso de residuos de la “lista verde” dentro de la UE. El sector señala que muchos envíos se organizan con escasas horas de antelación, en función de la demanda o de la optimización logística, lo que dificulta cumplir con este requisito.
Además, advierten de que esta exigencia podría generar efectos no deseados, como el recurso a gestores nacionales en detrimento de operadores transfronterizos más eficientes, o la cumplimentación sistemática de formularios con datos estimados que no reflejen los movimientos reales. En ambos casos, sostienen que no se aportarían beneficios ambientales adicionales y sí aumentaría la carga administrativa.
El comunicado también apunta que la digitalización a través de DIWASS ya permitirá mejorar de forma significativa la capacidad de control de las autoridades, gracias al acceso a datos en tiempo real sobre los traslados. En este sentido, consideran que reforzar las obligaciones previas podría resultar redundante.
Por último, los firmantes plantean la necesidad de adaptar ciertos aspectos del reglamento a la operativa del sector, como permitir el uso de cantidades estimadas antes del traslado —que solo pueden confirmarse en destino— y evitar procedimientos que, a su juicio, podrían afectar a la competitividad de los materiales reciclados frente a las materias primas vírgenes.
La petición se enmarca en el contexto de la implementación del nuevo reglamento y del objetivo europeo de consolidar un mercado único eficiente para los residuos, considerado un elemento clave para el desarrollo de la economía circular.







