Humana cesa su actividad en Galicia por la reserva del residuo textil a las empresas de inserción

La entidad afirma que los grandes municipios están licitando la gestión de residuos textiles con una reserva del 100% para las empresas de inserción y centros especiales de empleo, distorsionando el mercado e imposibilitando la concurrencia de otros operadores. Paradójicamente, diez personas perderán su puesto de trabajo a causa del cierre.

Tras 25 años presente en Galicia como gestor de textiles usados, Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha decidido poner punto y final a su actividad en esta comunidad autónoma. “La reserva de las principales licitaciones llevadas a cabo en los últimos años hacen insostenible nuestro trabajo”, aseguran fuentes de la entidad.

Esta decisión implica el cierre de su delegación, esto es: el cierre antes de final de año de su planta de transferencia de Santiago de Compostela y la pérdida de 10 puestos de trabajo. El año pasado, Humana recuperó 1.207 toneladas de textil usado, equivalente a 4,9 millones de prendas, con 360 contenedores en 35 concellos.

La decisión de la entidad sin ánimo de lucro, uno de los operadores más importantes del país, fue anunciada la semana pasada por el director de Proyectos y Relaciones Externas de Humana, Rafael Mas, en el marco de la III Jornada sobre economía circular local, organizada en Santiago. “Nos vemos obligados a dejar una tierra en la que hemos prestado servicio durante 25 años. Dejamos de recoger y gestionar más de 1.200 toneladas anuales de ropa usada, y, lo más doloroso, debemos despedir a una decena de trabajadores, alguno con más de 25 años de antigüedad”, indicó y añadió: “La situación es gravísima en Galicia. En el resto de España es igual de grave, especialmente en Cataluña y el País Vasco”.

La causa de esta decisión es la interpretación -“errónea”, según la entidad- de la Ley 7/22 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que regula la gestión de residuos textiles en España. La disposición adicional 19 obliga a que, cuando una administración pública licita este servicio, debe reservar como mínimo el 50% a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.

Reserva del 100%

“El problema no reside en que la ley lo contemple, sino en cómo se aplica”, especifica Mas, “en la gran mayoría de los casos, la reserva se ejecuta de manera automática a estas empresas al 100%, sin análisis previo del mercado ni motivación suficiente, convirtiendo una herramienta de inclusión en un instrumento de exclusión. Y no permite a otras entidades presentarnos a la licitación. Sencillamente no podemos acceder. Lo que debía compensar desventajas estructurales, ha terminado reforzando posiciones dominantes”.

“Desde la publicación de la Ley 7/2022, las licitaciones reservadas en Galicia han supuesto que se aplique la reserva del 100% en los municipios de mayor población, donde la ropa es de mayor calidad y el coste de recogerla es menor. Y lo que ocurre aquí no es un hecho aislado; se repite en mayor o menor medida en otras partes de España”, insiste Mas.

Así ha sucedido, por ejemplo, en las licitaciones o convenios exclusivos de los concellos de A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Consorcio As Mariñas, Vigo, Ourense o Ferrol.

“Esta disposición adicional debía servir para favorecer a las entidades de inserción con dificultades competitivas y promover la integración laboral de personas en riesgo de exclusión”, continúa, “sin embargo, en la práctica, está provocando el efecto contrario: ha distorsionado el mercado y ha consolidado un oligopolio que está expulsando a operadores con experiencia, solvencia y una trayectoria probada en la gestión del residuo textil”.

“La finalidad social de la reserva no se discute. Las entidades de inserción realizan una labor fundamental y merecen un reconocimiento real. Pero cuando una medida pensada para equilibrar oportunidades se transforma en un muro que impide la participación de otros actores, deja de cumplir su función y genera efectos perversos. El resultado es un mercado cada vez menos diverso, menos competitivo, más concentrado y, por tanto, menos eficiente”, valora el representante de Humana.

Un sistema que reduce la concurrencia

“La reserva total nos obliga a cesar nuestras operaciones. No es una decisión empresarial ni una cuestión de eficiencia, sino el resultado directo de un marco normativo aplicado sin equilibrio”, explica el director de Proyectos y Relaciones Externas de la entidad sin ánimo de lucro, que nació en 1987 en Barcelona y empezó su actividad en Galicia en el año 2000.

“Justo cuando el sector necesita más competencia, más eficiencia y más diversidad de operadores, se implanta un sistema que reduce la concurrencia y favorece la dependencia”. Y denuncia que “las organizaciones que se benefician de la reserva reclaman financiación pública adicional para cubrir sus costes, lo que supone un doble privilegio: exclusividad en el mercado y subsidio económico. Si la gestión es deficitaria y requiere apoyo constante, el problema no está en la competencia, sino en el modelo”.

Humana lamenta “una reserva de mercado mal entendida, haciendo de la licitación pública un coto cerrado para la inserción a través de concursos 100% reservados”.

La entidad asegura que defiende la inserción laboral como un valor esencial, y reconoce el papel social de las entidades que la promueven. Pero señala que las políticas públicas deben aplicarse con “proporcionalidad, equilibrio y visión de conjunto”. “Una medida nacida con buenas intenciones está destruyendo oportunidades y competitividad”, asevera.

Tras esta reestructuración, Humana mantiene una red de 5.000 contenedores y su actividad ordinaria en el resto de España.