El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que incluye medidas para combatir el ecopostureo de las empresas y alargar la vida útil de los productos.

Francia castigará la obsolescencia programada con hasta dos años de prisión y 300.000 euros de multa
La obsolescencia programada consiste en acortar la vida útil de un producto de forma intencionada para que el consumidor tenga que comprar uno nuevo. Foto: RESIDUOS PROFESIONAL

El Consejo de Ministros aprobó ayer en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La ley tiene por objetivo reforzar la protección de las personas consumidoras y del medio ambiente con medidas que promueven el consumo consciente y responsable y la promoción de la reparación de bienes, así como asegurar una información clara y fiable sobre las características medioambientales de los bienes y servicios que consumimos.

Uno de los objetivos de la norma que impulsa el ministerio que lidera Pablo Bustinduy es combatir el ‘ecopostureo’ o ‘greenwashing. Estos términos hacen referencia a las técnicas de comunicación engañosas o alegaciones medioambientales que son usadas por parte de algunas empresas para publicitar sus productos o servicios como sostenibles sin que esas supuestas cualidades tengan un respaldo científico.

Para limitar esta práctica la ley prohibirá que las empresas realicen afirmaciones genéricas y no comprobables sobre la sostenibilidad de sus productos o en su etiquetado. Entre los ejemplos de afirmaciones medioambientales genéricas que se van a prohibir se incluyen: “respetuoso con el medio ambiente”, “amigo del medio ambiente”, “verde”, “biodegradable” y otras declaraciones similares. Con esta medida, el Ministerio busca generar unas relaciones de consumo que contribuyan activamente a la transición ecológica para hacer frente a la crisis climática.

Asimismo, se prohíbe el registro de denominaciones de sociedades que induzcan a error sobre su desempeño medioambiental, y se incluye la posibilidad de anulación de una marca ya inscrita cuando su tipografía pueda llevar a engaño a los consumidores sobre el desempeño medioambiental de la misma.

Obsolescencia programada

La norma propuesta también pretende poner coto a la denominada obsolescencia programada. Con esta práctica las empresas reducen intencionalmente la vida útil de productos como los electrodomésticos para que sean reemplazados antes de tiempo. Para actuar en este flanco, la propuesta de Consumo incentiva la reparación de productos durante el plazo legal de garantía, aumentando este plazo en doce meses adicionales cuando se opta por la reparación en lugar de la sustitución al hacer uso de la garantía.

Igualmente, el productor, el comercializador o el importador cuando el productor esté fuera de la UE, deberán asumir el 20% del coste de reparación durante los dos primeros años tras el fin del plazo de garantía legal. Esta obligación se sitúa en el 10% en el tercer año y en el 5% en el cuarto. Para fomentar estas reparaciones, el Anteproyecto prevé implementar una plataforma en línea donde los consumidores puedan tener acceso de forma sencilla y gratuita a reparadores solventes a los que poder pedir presupuestos y solicitar reparaciones.

Asimismo, esta norma prohíbe ocultar información al consumidor sobre actualizaciones de software que afecten negativamente al funcionamiento de bienes con elementos digitales; prohíbe presentar como necesaria una actualización de software que solo mejore características de funcionalidad y, entre otras, prohíbe cualquier comunicación comercial en relación con un bien que contenga una característica introducida para limitar su durabilidad.

Con esta medida, el ministerio dirigido por Bustinduy busca extender la vida útil de productos que están en buenas condiciones para evitar abusos a las personas consumidoras y ser más eficientes en el uso de los recursos materiales con los que se elaboran los productos.

Otras medidas de corte ambiental contenidas en el Anteproyecto de Ley son la prohibición de la publicidad de los combustibles fósiles, de los vuelos cortos siempre que haya otra alternativa más sostenible y también de los vehículos propulsados exclusivamente por combustibles fósiles.

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