AERESS lamenta la falta de ambición del proyecto de real decreto sobre residuos textiles

La red de entidades de economía social reclama un aumento de los objetivos de reutilización y reciclaje, que los SCRAP financien también la gestión de los residuos textiles de la fracción resto y exenciones fiscales para la reutilización de ropa.

La Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS) advierte que el actual proyecto de real decreto sobre los productos textiles y de calzado y la gestión de sus residuos carece de la ambición y la precisión necesarias para impulsar una verdadera economía circular en el sector.

Esta norma, cuya consulta pública concluyó el pasado 4 de septiembre, regula la prevención y gestión de los residuos textiles y de calzado, así como la responsabilidad ampliada del productor. AERESS afirma, no obstante, que los objetivos fijados resultan insuficientes y llegan demasiado tarde para afrontar el grave problema de la sobreproducción impulsada por la moda rápida. Por ello, la red ha presentado alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La red propone elevar los objetivos de reutilización de textiles, de modo que en 2030 al menos el 40% de los textiles recogidos selectivamente se destinen a preparación para la reutilización, frente al 20% propuesto, y que en 2035 se alcance al menos el 50%.

Asimismo, subraya que el borrador pospone la fijación de objetivos de reciclaje durante cinco años, a pesar de que la Ley 7/2022 ya establece mínimos. En este sentido, recomienda fijar desde ahora un objetivo de reciclaje del 20% en 2030 y del 25% en 2035.

Otro de los aspectos más preocupantes para AERESS es el calendario planteado. El proyecto fija 2027 como año de referencia para los objetivos de reducción, lo que retrasa la acción urgente que requiere la crisis ambiental. La asociación defiende que dicho año de referencia se adelante a 2024.

También critica que el borrador obligue a las entidades locales a hacerse cargo de la recuperación de textiles de la fracción resto, residuos que en la práctica no pueden reutilizarse ni reciclarse. Reclama que el coste íntegro de su gestión recaiga en los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), aplicando el principio de “quien contamina, paga”.

AERESS advierte, además, de que la definición de “entidades de economía social” incluida en la norma es vaga y puede generar inseguridad jurídica e incluso abusos. Por ello, propone adoptar la definición de “entidad prestadora de Servicios de Interés Económico General”. Del mismo modo, considera que la definición de “operadores de reutilización” debe aclararse y que, para garantizar la correcta gestión, cualquier entidad no autorizada como gestor de residuos deba firmar un convenio de colaboración con una entidad de economía social gestora de residuos.

Otro de los puntos débiles del borrador detectado por la entidad es que solo establece que las autoridades “podrán usar” incentivos económicos para aplicar la jerarquía de residuos y cumplir los objetivos. Para AERESS, esta formulación convierte en opcional una herramienta fundamental y facilita la inacción. La asociación pide que se convierta en obligatorio el uso de instrumentos económicos como impuestos, subvenciones o bonificaciones, y propone medidas concretas como exenciones fiscales o reducciones del IVA para ropa reutilizada, reparada o reacondicionada.

Finalmente, AERESS recuerda que la Ley 7/2022 fijaba el 11 de abril de 2025 como fecha de inicio de la responsabilidad financiera de los productores. Reclama que se respete este calendario y se aplique con carácter retroactivo, ya que durante años las entidades sociales y locales han soportado los costes de gestión de los residuos textiles.

«Si queremos un sector textil sostenible, el real decreto debe fijar objetivos claros, ambiciosos y justos. No podemos seguir retrasando las soluciones mientras el planeta y las entidades sociales pagan el precio de la inacción», señala Cristina Salvador, Presidenta de AERESS