La Comisión Europea plantea una reducción del 47% en las cuotas de importación de acero y refuerza los mecanismos de trazabilidad para proteger un sector clave en la transición verde.
La Comisión Europea presentó ayer una ambiciosa propuesta para proteger a la industria siderúrgica de la Unión Europea frente a los efectos de la sobrecapacidad global, un fenómeno que amenaza la competitividad y sostenibilidad de uno de los pilares industriales del continente. La medida, que sustituirá al actual mecanismo de salvaguardia vigente hasta junio de 2026, busca garantizar la viabilidad a largo plazo del sector y su papel estratégico en la transición hacia una economía descarbonizada.
Entre las principales disposiciones del plan destacan tres medidas clave: la limitación del volumen de importaciones libres de aranceles a 18,3 millones de toneladas anuales —un 47% menos que las cuotas de 2024—; el aumento del arancel fuera de cuota al 50% (actualmente del 25%); y la introducción de un requisito de “Melt and Pour”, que permitirá rastrear el origen del acero y evitar prácticas de elusión comercial.
“Un sector del acero fuerte y descarbonizado es vital para la competitividad, la seguridad económica y la autonomía estratégica de la Unión Europea”, declaró la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen. “La sobrecapacidad global está dañando nuestra industria. Necesitamos actuar ahora. Insto al Consejo y al Parlamento a avanzar con rapidez”, añadió.
Una industria presionada por el exceso de producción
El problema de la sobrecapacidad siderúrgica —que supera en más de cinco veces el consumo anual de acero de la UE— se ha convertido en una amenaza estructural. Según los datos del Ejecutivo comunitario, la capacidad utilizada en la UE se situó en el 67% en 2024, muy por debajo del umbral considerado saludable (80%). Desde 2007, la región ha perdido alrededor de 65 millones de toneladas de capacidad productiva, y entre 9.000 y 100.000 empleos directos.
La industria siderúrgica europea, que da trabajo a 300.000 personas de forma directa y a 2,5 millones de manera indirecta, enfrenta además altos costes energéticos, una menor demanda interna y restricciones comerciales impuestas por terceros países. Este cóctel de factores compromete su competitividad global y su capacidad para invertir en tecnologías limpias, esenciales para cumplir los objetivos de descarbonización.
La propuesta de la Comisión —que será tramitada bajo el procedimiento legislativo ordinario— es plenamente compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Bruselas se compromete a abrir negociaciones con los socios comerciales afectados, conforme al Artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), para establecer asignaciones específicas por país.
Las exportaciones procedentes de Noruega, Islandia y Liechtenstein, integradas en el mercado interior a través del Acuerdo EEE, quedarán exentas de cuotas y aranceles. La Comisión también contempla una consideración especial para Ucrania, país candidato a la adhesión que atraviesa una situación de seguridad excepcional.
Una pieza clave del Pacto Verde Europeo
El acero europeo es un material esencial no solo para sectores tradicionales como la automoción o la construcción, sino también para los ámbitos estratégicos de la transición ecológica, incluyendo las energías renovables, las infraestructuras eléctricas y la defensa. Por ello, la propuesta de Bruselas se enmarca en el Plan de Acción del Acero y los Metales (SMAP), presentado en marzo de 2025, que busca asegurar un suministro estable y sostenible de materiales críticos.
Con este nuevo instrumento, la Comisión pretende mantener la apertura comercial de la UE, pero con mecanismos más robustos frente a prácticas desleales y desequilibrios globales. Además, invita a los países con visiones afines a cooperar para proteger sus economías frente a la sobrecapacidad mundial, reforzar las cadenas de suministro y ampliar el acceso mutuo a los mercados.
El debate ahora pasa al Consejo y al Parlamento Europeo, que deberán consensuar la versión final del reglamento. Si se aprueba, la nueva medida entrará en vigor tras la expiración del actual sistema de salvaguardias en junio de 2026, asegurando una protección ininterrumpida de la industria siderúrgica europea en su camino hacia una producción baja en carbono.
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