La cadena de valor del envase pide diálogo, seguridad jurídica y tiempo para diseñar un SDDR eficaz

Los expertos creen que solo con colaboración, armonización normativa y pedagogía se podrá asegurar el éxito del que será el sistema de depósito más grande y complejo de Europa.

Expertos de toda la cadena de valor del envase se dieron cita en la primera edición del SIG Policy Lab «Construyendo consensos ante nuevos retos», una jornada que diseccionó el futuro Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en un momento clave del desarrollo normativo. Tras el cierre de la consulta previa pública del nuevo Real Decreto de Envases, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene conversaciones con los distintos actores del sector para perfilar el texto definitivo. La jornada evidenció la voluntad común de avanzar, pero también los retos logísticos, técnicos, jurídicos y pedagógicos que un país tan diverso como España debe resolver antes de su implementación.

España presenta una complejidad territorial y demográfica poco comparable al norte de Europa, donde está más extendido el sistema: recibe 90 millones de turistas al año, y convive con una dispersión geográfica, en la que la población se agolpa en grandes áreas metropolitanas, mientras el interior registra municipios con menos de 10 habitantes por km². El entramado industrial añade otra capa: el sector del envasado agrupa 28.000 empresas, de las que el 98% son pymes, junto a miles de pequeños comercios de barrio. En este escenario, «copiar un esquema nórdico no funciona; necesitamos un SDDR hecho a medida, técnico y eficiente», advirtió María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de ASEDAS.

En la misma línea, Esther Colino, directora de Asuntos Públicos y Comunicación en Reclay Iberia y Procircular, destacó que “la mayoría de los países donde está implementado son más pequeños y la densidad de población y dispersión es distinta. Necesitamos diseñar un SDDR que se adapte a las características de nuestro país”.  Así, el SDDR español solo podrá ser verdaderamente eficaz —objetivo principal del sistema—, si adapta cada elemento a las particularidades territoriales, demográficas y comerciales de España. Y eso, según los participantes, exige también asumir que los plazos actuales no son realistas. Antonio Romero, gerente del SDDR en AECOC, advirtió que, dada la complejidad de implantar el sistema en nuestro país, “el plazo de 18 meses que se ha dado para montar el sistema no se ajusta a la realidad”. Y añadió: “Tenemos que hablar de cumplimiento de objetivos y de hacer un buen sistema, y no centrar el debate en los plazos”.

Seguridad jurídica

La viabilidad del SDDR no depende solo de la logística, sino de un marco legal claro y estable capaz de guiar las inversiones y evitar contradicciones. Paloma Sánchez describió la inquietud del sector: “Agradecemos al Ministerio que abra la consulta pública, pero lo hace porque debe adaptar el Real Decreto a la legislación europea al intentar adelantarse a él. Esto genera mucha inquietud en las empresas, que se preguntan: ‘¿Voy a invertir en algo si no sé si va a avanzar?’ En el depósito es vital contar con un respaldo legal sólido, porque las inversiones y exigencias serán muy altas”.

Otro punto clave fue la necesidad de armonización del actual Real Decreto español con el Reglamento europeo. En ese sentido, la inclusión del brick fue expresamente señalada por varios de los participantes, que advirtieron de que el Reglamento europeo incluye botellas de plástico y latas y señalaron la gran dificultad tecnológica y falta de justificación técnica, económica y medioambiental de incluir el brick. Javier Valle, secretario general de Zumos y Gazpachos de España, planteó dudas sobre su incorporación: “Mientras en el caso de botellas de plástico y latas más del 90% de los envases de bebidas irían por el sistema de depósito, en el caso del brik, como mucho representaría en torno a un 15 % del material, lo que no garantizaría la mejora de la recogida selectiva del material y supondría un riesgo de confusión para un material ampliamente utilizado por otros alimentos”

Recordó, además, que ningún país europeo lo contempla en sus sistemas de depósito, y que mantenerlo fuera no va en contra del sistema, sino a favor de su eficacia y credibilidad. En la misma línea, Javier Fernández, Managing Director BIB & SP Europe /Advocacy & Public Affairs Lead for Iberia, subrayó la importancia de que las decisiones sobre qué materiales incluir se basen en criterios técnicos, no ideológicos, y alineados con la experiencia comparada.

También se defendió la necesidad de un órgano común que garantice un marco operativo homogéneo en todo el territorio, especialmente en aspectos clave como el marcado, la trazabilidad del depósito y la interoperabilidad entre regiones. El mensaje fue claro: el sector está dispuesto a avanzar, pero necesita certezas.

Además, varios participantes subrayaron que el despliegue del SDDR no elimina la necesidad de reforzar el sistema actual de recogida selectiva. El contenedor amarillo seguirá funcionando en paralelo, por lo que será necesario mejorar su eficiencia y replantear el papel de las plantas de selección, cuya planificación depende de las comunidades autónomas y cuya gestión recae, en muchos casos, en entidades locales.

Información clara al consumidor

Tras 30 años de hábitos consolidados, la puesta en marcha del SDDR exige una campaña de información masiva y cohesionada. Carmen Redondo, directora de Relaciones Institucionales de HISPACOOP, describió con crudeza la magnitud del reto: “Este cambio supone un giro de 180° en nuestros hábitos y exige empezar por los más pequeños y reforzar conjuntamente las campañas municipales y las del Ministerio para evitar contradicciones y frustraciones.”

Uno de los mayores riesgos señalados fue la posible confusión del consumidor sobre qué envase va a qué sistema. Si el nuevo modelo no se comunica con reglas sencillas y claras puede ocurrir que la ciudadanía no sepa qué debe devolver, qué sigue en el contenedor amarillo y qué queda fuera, lo que podría reducir la colaboración y generar frustración. “No podemos permitirnos mensajes ambiguos: si un brick de zumo entra y uno de leche no, por ejemplo, la percepción de arbitrariedad será inmediata y genera un riesgo de confusión”, alertaron varios participantes.

Martínez-Herrera añadió que no basta con difundir mensajes: antes hay que completar el trabajo previo en materia de logística. Un caso de éxito ilustrativo fue la reducción de bolsas de caja: “Nos llevó años de preparación y meses de tensiones entre el personal de supermercado y los clientes enfadados. Cuando implantemos el SDDR y un consumidor no pueda devolver un envase, la frustración recaerá en los empleados o en el sistema si no estamos listos.”

Todos coincidieron en que la información debe ser clara, sencilla y didáctica, rigurosamente apoyada en datos de campo, de modo que el consumidor entienda qué cambia, por qué y cómo debe actuar.

Colaboración y diálogo 

La jornada evidenció un amplio consenso sobre la necesidad de construir el futuro SDDR a partir de una hoja de ruta compartida. Los ponentes coincidieron en que solo mediante una colaboración público-privada estrecha será posible diseñar un sistema realista, técnicamente viable y aceptado por todos los actores implicados.

Ese diálogo debe incluir a fabricantes, envasadores, distribuidores, gestores de residuos, pero también al pequeño comercio, al hostelero y al consumidor. Las administraciones, por su parte, juegan un papel crucial: deben establecer con claridad qué hace cada actor, agilizar licencias para infraestructuras nuevas y coordinar los calendarios de inversión, de modo que no haya solapamientos ni lagunas regulatorias. Al mismo tiempo, deben acompañar —no sustituir— el desarrollo técnico que corresponde a los sectores especializados, sentando las bases de un sistema transparente, armonizado con otros mercados y que no comprometa la competitividad del país. Como advirtió Paloma Sánchez, directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAB: “Sin roles claros, licencias ágiles e inversiones coordinadas, corremos el riesgo de atomizar esfuerzos y encarecer el proceso.”

«Estamos ante un cambio de paradigma», concluyó Javier Fernández. «La cadena de valor está alineada; solo pedimos hacerlo bien, con diálogo y rigor, para dejar un sistema sólido a las próximas generaciones».

El foro cerró con un mensaje común: España albergaría el SDDR más grande y complejo de Europa, pero solo si se apoya en tres pilares. Primero, diálogo, consenso y colaboración entre todos los actores de la cadena. Segundo, reglas claras, armonización de la normativa nacional al reglamento europeo y en general seguridad jurídica y plazos realistas que protejan la inversión y eviten desigualdades territoriales. Y tercero, pedagogía transparente y clara al ciudadano para alcanzar el 90% de recogida separada en 2029 sin perder la confianza ciudadana.