[themoneytizer id=»17425-1″] La iniciativa está dirigida a entidades privadas no lucrativas que desarrollen iniciativas en ámbitos como la conservación de los ecosistemas, la gestión de los residuos o la innovación tecnológica orientada a reducir el daño ambiental.
[themoneytizer id=»17425-1″] A través de la plataforma digital, se conectarán los distintos agentes necesarios para conseguir un uso eficiente de los recursos, de forma que se dé una segunda vida a los residuos de unas industrias en los procesos productivos de otras.
[themoneytizer id=»17425-1″] Las ayudas se destinarán a proyectos de fomento de la economía circular, la protección de la biodiversidad y la innovación ambiental.
Representantes de CCOO y UGT-FICA y directivos de las tres fábricas de cemento de la Comunidad Valenciana aseguran que el impuesto acarreará negativas consecuencias ambientales y sociales.
Aimplas lleva a cabo el proyecto ECONOMÍA CIRCULAR 1 para investigar el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías en el marco de la economía circular y transferir los resultados a las empresas valencianas del sector de los plásticos.
Ecologistas en Acción del País Valenciano ha presentado sus observaciones ante la consulta promovida por la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental el pasado mes de febrero.
Representantes de nueve entidades sociales se reúnen en Valencia con el Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Àlvaro, para conocer más detalles de la futura ley de protección ambiental que permitirá que las bebidas se vuelvan a vender con depósito.
Laia Soriano-Montagut Jené. Abogada. TERRAQUI. Derecho Ambiental. El Tribunal Supremo confirma la necesidad del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, de precisar las operaciones de valorización energética que asume y los criterios para su emplazamiento o localización.
El municipio castellonense de Càlig ha recuperado más de 52 toneladas de residuos orgánicos en los seis primeros meses desde su implantación, gracias a la participación ciudadana.
El presidente de AVACU, Fernando Móner, asegura que el sistema «no es malo», pero critica a la conselleria por imponer su mecanismo en lugar de acordar uno con el sector empresarial.
