El Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJ de Castilla y León que anuló la autorización ambiental para esta planta y desestima los recursos interpusetos por la Junta de Castilla y León y la empresa Distiller, gestora de la instalación.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló la autorización ambiental otorgada en 2009 por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a la empresa catalana Distiller para la instalación de una planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos en la localidad soriana de Ólvega.

La sentencia original destacaba que “procede declarar la nulidad de la Orden por la que se concede autorización ambiental, por cuanto que falta el presupuesto base de la existencia de unos planes de gestión que concreten los lugares en la forma establecida en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. De hecho, el Programa de Infraestructuras del Plan de Residuos Industriales de Castilla y León había sido anulado previamente por no fijar los lugares de eliminación de los residuos.

En relación a la actitud de la Junta de Castilla y León, la Sala del TSJ señalaba que “no se acredita esta situación extrema de no contar con lugares de eliminación de residuos y lo que se acredita es una voluntad de no recoger unos adecuados planes, en la forma exigida por la Directiva, para, amparándose en esta cierta amplitud que permite la indicada Sentencia [del Tribunal Europeo de Justicia], conceder las autorizaciones sin una previa determinación de un criterio planificado de ubicación”.

La sentencia del Supremo desestima los recursos de casación concertados de la Junta de Castilla y León y de la empresa Distiller, imponiéndoles las costas procesales.

53.000 toneladas de residuos en dos años

La planta de Distiller en Ólvega tiene capacidad para el tratamiento de 35.000 toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos. Fue inaugurada en 2011 por la ex-Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y actual senadora, María Jesús Ruiz, a quien la organización Ecologistas en Acción define como “firme partidaria de la importación de residuos tóxicos a la región como ‘una oportunidad de negocio’, tras obtener unas subvenciones públicas de 4,5 millones de euros”.

En sus dos primeros años de funcionamiento, Distiller ha importado a Soria 53.000 toneladas de residuos peligrosos, procedentes en un 90% de fuera de Castilla y León, en especial de Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana.

Según la información de la propia empresa recogida por el grupo ecologista, “una cuarta parte de los residuos han sido recuperados y el resto se han expedido para su incineración o vertido, principalmente en Andalucía y Galicia”. Esta organización recuerda que “en 2012, la fábrica provocó un vertido que contaminó el arroyo de los Caños”.

Actualmente, la Junta tramitaba una ampliación de su capacidad hasta las 60.000 toneladas anuales.

Fuente:
Ecologistas en Acción
Foto portada:
Miguel. (respenda) en Flickr (cc)

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